Marcela Del Muro
Tras enterarse de la aprobación de un amparo que daba la libertad a uno de los policías ministeriales presuntamente involucrados en el asesinato de su hija Daniela y su hijo Carlos, Rosalinda Avalos solicitó una reunión con el Tribunal colegiado del noveno distrito en materia penal, autoridad encargada de revisar y resolver el recurso de revisión interpuesto por la madre, que busca revertir el efecto del amparo.
Este tipo de reuniones se llaman alegatos de oídas y sirven para que las víctimas puedan aportar más contexto. Rosalinda, que es policía de investigación, tenía la cita a las 10 de la mañana del 21 de agosto de 2024. La reunión había sido programada por Juan Carlos Ballin Rodríguez, director general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).
La mujer llegó puntual a las instalaciones de los juzgados federales, pensando que, quizá, estaban cerrados, pues se encuentran en paro como rechazo a la recién aprobada reforma judicial. Sin embargo, en la recepción le dijeron que sí estaban recibiendo las citas programadas y le pidieron el nombre de la persona que la atendería. Rosalinda llamó a Ballin Rodríguez, el abogado le dijo que la reunión era un día antes y no recordaba el nombre de la autoridad que la recibiría.
“Nunca me pasó el nombre, todo era una vil mentira, no existía tal cita”, dice la madre, que checó los mensajes y su agenda, confirmando que la reunión era ese miércoles 21 de agosto. “Les reclamé y me puse mal de salud, me subió mucho la presión, porque se burlan de mí”.
Era una cita importante para Rosalinda porque podría enumerar las pruebas que incriminan a su ex compañero de corporación, explicar que el ataque contra sus hijos fue una venganza porque lo detuvo a él y a otros compañeros manejando una camioneta robada y señalar los vínculos de este con el crimen organizado, mostrando el peligro que corre ella, su hija y la población en general si el ex policía ministerial es liberado.
Fue tanto el enojo que vivió Rosalinda el 21 de agosto, que no se acuerda muy bien en qué quedó el director general, pero cree que tendrán que esperar a que reanuden labores en el Poder Judicial federal para poder obtener nuevamente la cita. Se preguntó al titular de la CEEAV, el Lic. Miguel Angel García Amaro, cómo va la gestión de la reunión de la señora Rosalinda con el tribunal, pero no se recibió respuesta.
Descuidos, omisiones y negligencias que afectan los procesos de las víctimas
Lamentablemente, lo que vivió Rosalinda no es un caso aislado. A finales de mayo de 2024, Carmelo Hipólito se reunió con su nuevo asesor victimal. El joven abogado lo recibió entre columnas de expedientes y documentos apilados encima de su escritorio. Habían pasado más de cinco meses desde que su anterior asesora se había ido de la institución; supuestamente, tuvo otro asesor en el inter, pero el padre no lo conoció ni tuvo comunicación con él.
Carmelo le explicó que tenía meses sin tener noticias del trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE). Por ejemplo, no le había informado de los resultados del peritaje donde recrearon el suicidio, que fue el 19 de septiembre de 2023, y comentó que no estuvo de acuerdo con la recreación, pues la joven que actuó como su hija era unos centímetros más alta que Odalis. El padre también señaló que no está de acuerdo en que la única línea de investigación que sigue la Fiscalía sea el suicidio e informó que, desde hace años, hay un peritaje antropológico pendiente.
El nuevo asesor se comprometió a concretar una cita con el ministerio público y, de ser posible, con la fiscal especializada en feminicidios; ese mismo día, Carmelo firmó la solicitud de recursos para que se realizara el peritaje antropológico. Pasaron las semanas y el abogado no se comunicó. Se cumplió un mes sin noticias. El 25 de junio, la familia Hipólito fue notificada, mediante un oficio que dejaron bajo su puerta, del cierre de la investigación, declarando, nuevamente, la muerte de Odalis como un suicidio.
“Jugaron conmigo”, dice el señor Hipólito. “En la CEEAV me dicen que nos vamos a poner de acuerdo, vamos a ir y vamos a hablar, que ellos me llaman y, de repente, me llega el papel que ya cerraron el caso. Sí me siento mal porque el acuerdo fue mucho tiempo antes”.
Para Carmelo, el servicio que le han brindado en la Comisión de Víctimas es pésimo. Comenta que son insensibles y es raro que se comuniquen con él para informarle sobre la investigación. “Nada más me hablan cuando quieren que les firme algo y cuando uno los busca solo le dan largas y no hacen nada”, señala el padre de Odalis.
Muchas víctimas para muy pocos asesores
En San Luis Potosí, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, se estima que el 26.9 por ciento de los hogares en el estado tuvo, al menos, una víctima de delito durante el 2022; es decir, de 825 mil 184 hogares estimados, al menos, una persona de 221 mil 671 hogares fue víctima de algún delito. Se estima que, en ese año, aproximadamente el 10.4 por ciento de los delitos fueron denunciados.
Un ex asesor victimal, que laboró más de cinco años en la institución y renunció el año pasado, cuenta que tenía a su cargo más de 700 carpetas de investigación y llevaba más de 230 causas penales. En el tiempo que el abogado trabajó en la Comisión, los asesores se hacían cargo de todo el proceso: desde la investigación hasta la litigación de los casos. Actualmente, desde este año, el área jurídica se divide entre los asesores que integran carpetas y los que litigan en los procesos penales; este cambio ha mejorado un poco la atención de la CEEAV.
“Aunque hayan hecho esos cambios, las audiencias se siguen empalmando porque es derecho de cada víctima contar con un asesor, entonces, en cualquier audiencia que se detecte que no hay un asesor, se envía un oficio a la Comisión. No solo son los casos de las víctimas que llegan directo, son también estos otros casos, donde llegamos a juicio con bien poquita información”, dice el abogado.
El ex asesor narra que su trabajo era muy precario y, prácticamente, era imposible poder dar un buen servicio; no tenían el tiempo suficiente para cumplir con todas las víctimas que atendían. Esto lo frustraba. Los reclamos personales eran casi diarios y las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos eran frecuentes. Por esta razón, él y otros compañeros renunciaron.
Las consecuencias de una mala asesoría jurídica
Una mala actuación del asesor victimal provocó que las familias de Rosa María y Luisa, víctimas de feminicidio en Tamuín, no se pudieran inconformar ante la sentencia de 5 años que recibió el menor de edad que las asesinó. Aracely Martínez, hija de la señora Rosa María, relata que la apelación, por la cual aún no se llega a una sentencia, la hizo la defensa del asesino, que buscaba que el adolescente hiciera servicio social o se redujera su pena.
“No hemos tenido apoyo jurídico”, comenta Aracely y agrega que la comunicación con su asesor es nula. Cuando el defensor de oficio solicitó que se liberara al feminicida, a los cinco meses de su detención, ni el asesor de la CEEAV ni el ministerio público pudieron argumentar lo peligroso que el adolescente era. Esta fue una falla que tuvo consecuencias sociales graves, lo último que supo Aracely sobre el asesino de su mamá es que está preso en el Centro Penitenciario de Ciudad Valles, por asesinar a un joven.
“Una muerte que, si hubieran actuado las autoridades en el caso de mi mamá, muy probablemente se hubiera podido prevenir”, señala Aracely.
Rosalinda dice que la CEEAV es una institución olvidada. No existe voluntad política para que las víctimas puedan acceder a la justicia, mediante una buena asesoría legal; tengan un apoyo especializado para superar el trauma y puedan acceder a planes de reparación del daño que realmente les ayuden a continuar sus vidas después de una tragedia, como la muerte de una hija, un hijo o una madre.
“Nos hace falta decir todo lo que vivimos, denunciar. Luchar un poquito para que, el día de mañana, a la gente que llegue [a la CEEAV] se le dé un servicio mejor. A veces, a uno le dan ganas de tirar la toalla, pero no, que se pongan a trabajar, a mi hija ya nadie me la va a regresar, pero no nos quedemos callados”, finaliza Carmelo Hipólito, que espera que termine el paro del Poder Judicial para poder presentar el recurso de revisión por la decisión de la FGE de cerrar el caso de su hija Odalis.
