Por Victoriano Martínez
Como nunca, en las últimas semanas los protagonistas de la administración pública han exhibido que, desde aprovecharse de los mecanismos de acceso a los cargos y hasta su desempeño en ellos, a lo único que responden es a sus miserables intereses personales, a los de su grupo… y a los de los mejores postores que les marcan sus decisiones públicas, aun contra el interés común.
Abierto formalmente el proceso electoral, los politiqueros autodenominados clase política, comenzaron una larga exhibición de carencia de dignidad, no sólo como servidores públicos sino como ciudadanos con alguna mínima convicción, al grado de que se olvidaron de las siglas de los partidos para perseguir gavillas cómplices, que llamaron coaliciones, para mantenerse en el erario.
PRI-PAN-PRD-PCP se unen para recuperar el espacio que perdieron, en una tardía y desafortunada confesión de que siempre representaron lo mismo y sólo se turnaban (le llamaban alternancia) para apropiarse del erario cual botín.
Un chispazo de dignidad de la militancia de Morena en el Estado evitó que ese movimiento se uniera al PVEM y al PT para postular al mayor exponente de las ambiciones de saqueo del erario, Ricardo Gallardo Cardona. Finalmente logró quedarse con las últimas dos siglas y la denominación “Juntos Haremos Historia”, como muestra de la traición de Mario Delgado a su militancia.
Los compromisos de Delgado con Gallardo Cardona llegaron al exceso de hacer tiritas la convocatoria para seleccionar candidata a la gubernatura, con una clara intención de pagarle facturas a la gallardía –“me la deben”, dijo Gallardo Cardona en diciembre– y este miércoles declaró candidata a Mónica Rangel Martínez, clara ficha del priísta Juan Manuel Carreras López, quien ha protegido a los Gallardo durante todo su sexenio.
Un denigrante espectáculo de politiqueros que se reacomodan de un bando a otro para no quedar fuera, del que resultan, para la ciudadanía, tres impresentables opciones para elegir gobernador:
Octavio Pedroza, por la coalición PRI-PAN-PRD-PCP, cuya carta de presentación es expresar su gran respeto por Ricardo Gallardo Juárez y enviarle un abrazo, exhibir –un día antes de su presentación como candidato– una tara consumista que le hace considerar la necesidad de cubre bocas en función de un super tazón, además de aparecer en la lista de quienes votaron la reforma energética incentivada con recursos de Odebrecht.
La neo morenista Rangel Martínez, quien no sólo enfrenta acusaciones por facturar con empresas fantasma, sino que la propia Auditoría Superior del Estado le señaló irregularidades en su Cuenta Pública 2019 como secretaria de Salud, por 121 millones 912 mil 205 pesos en 24 pliegos de observaciones, y 208 millones 166 mil 754 pesos en 32 solicitud de aclaración. Total: 330 millones 78 mil 959 pesos sólo en 2019.
Gallardo Cardona, con los mayores desvíos del erario documentados por las propias autoridades federales, aprovecha la impunidad para, sin escrúpulos, recurrir a violaciones constitucionales, politiquería convenenciera, contradicciones y manipulación de datos para alcanzar su objetivo y proyectar una imagen en los medios gallardistas que ya señalan que “crece a medida que promete candidaturas a regidores, alcaldes, diputados locales y diputados federales”.
Una calamidad, en términos expresados por Eduardo Martínez Benavente en entrevista con Julio Hernández López, sobre la que Carreras López nunca estuvo dispuesto a hacer nada para evitársela al Estado, pero que además no hay autoridad que controle, y así lo demostraron sus actos masivos a pesar de la pandemia sin que el Consejo Estatal Electoral hiciera un mínimo señalamiento.
“Son autoridades electorales débiles, sabemos que va a haber gastos y obsequios al por mayor por parte de este candidato para encausar el voto a su favor”, advirtió Martínez Benavente, quien en febrero de 2014 fue declarado persona non grata por Gallardo Cardona por haber revelado por primera vez sus desvíos con triangulaciones a la Clínica de Especialidades Wong.
“Nos preocupa enormemente que esto pueda alentar o fortalecer su candidatura. Creo que sería algo inaceptable para muchos potosinos, algunos incluso creo que tendríamos que salir del Estado, tendríamos que emigrar, porque es una persona a la que hay que temerle, hay que temerle porque no sabemos hasta dónde puede llegar”, dijo Martínez Benavente a Hernández López.
Si la manipulación de los mecanismos de acceso a los cargos exhibe la forma en que prevalecen los miserables intereses particulares de los politiqueros en perjuicio de la sociedad, en el Cabildo de San Luis Potosí hoy está programado un acto más de traición a la población, cuyo antecedente fue la aprobación de los dictámenes de los programas de desarrollo urbano el lunes pasado.
Desde el momento en que se ocultaron durante cinco horas para sesionar a espaldas de la población, a pesar de tratar los temas de mayor trascendencia para la ciudad, los regidores de las cuatro comisiones no actuaron como servidores públicos y mucho menos como representantes populares, sino como meros criminales. Sólo los criminales actúan a la sombra.
Son criminales con nombre y apellido: con voto a favor Christian Iván Azuara Azuara, Juan Daniel González Ayala, Lidia Karina Zavala Rodríguez, Víctor José Ángel Saldaña, Jaime Uriel Waldo Luna, Verónica Rodríguez Hernández, Nadia Michelle Viera Hernández, David Humberto Hernández Blanco, José Antonio Salas Herrera y María Verónica Campillo Salazar, y con abstención Alma Mireya Cerino Zapata.
Los once ya violaron tres suspensiones de amparo y, de consumarse la sesión del Cabildo programada para este jueves a las cinco de la tarde, todo el cuerpo edilicio incurriría en la misma falta, sobre la que –desde la tarde de este miércoles– ya se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una denuncia contra la autoridad municipal y los jueces que los han solapado.
¿De qué tamaño es el compromiso de los integrantes del Cabildo con los depredadores inmobiliarios que pretenden afectar la Sierra de San Miguelito al grado que parecen dispuestos a enfrentar las consecuecias de las violaciones a los amparos, que serían destitución y cárcel?
Si bien este 11 de febrero podría quedar registrado como la fecha en que el Cabildo aprobó en la oscuridad los programas de desarrollo urbano que, entre muchas otras irregularidades, entrega parte de la Sierra de San Miguelito a la depredación inmobiliaria, también dejará marcados a sus integrantes por todas las violaciones legales en que han incurrido, además de los amparos.
Una circunstancia que aún deja abierta la posibilidad de protección a la Sierra de San Miguelito, que se encuentra en proceso de consulta pública para ser decretada como Área Natural Protegida, muy a pesar de los depredadores inmobiliarios y los integrantes del Cabildo, quienes podrían toparse con el hecho de que actuar conforme a los mejores postores no dota de legalidad sus actos.
Tan abierta está la posibilidad de ampliar la protección a la Sierra de San Miguelito, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de SEMARNAT, programó para este mismo jueves una audiencia con el Frente Amplio Opositor y los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Si por saltarse la definición del Área Natural Protegida para favorecer a los depredadores inmobiliarios el Cabildo hoy incurre en más ilegalidades, sólo confirmarán la traición a su representación y su ciega obediencia a los intereses empresariales al grado de estar dispuestos a enfrentar consecuencias legales graves.
