Abelardo Medellín Pérez
Las manifestaciones de esta semana en el Poder Judicial y la presunta solución inmediata con la que el gobierno decidió callarlas, no son una consecuencia de la deficiente administración del gobierno como intenta simular la Secretaría de Finanzas de San Luis Potosí; no, son el ejemplo de lo que está dispuesto a hacer este Gobierno con tal de sostener su circo.
El Gobierno del Estado, por enésima vez durante este sexenio, incurrió en impagos a trabajadores al servicio del Estado y escudó su irregular comportamiento en la explicación inverosímil y demagógica, del aún más demagógico, secretario de Finanzas, Omar Valdez Macías.
La situación es insostenible, de manera tajante el gobierno se negó a pagar bonos, aumentos e incluso los servicios médicos de trabajadores que se vieron en la necesidad de dejar de prestar el servicio ante la sorda e indolente respuesta de las autoridades financieras del estado.
El Poder Judicial que, pese a ser un poder independiente del gobierno estatal, se reafirma como su comparsa, no intervino, no levantó la voz, y dejó que sus trabajadores fueran los responsables de denunciar públicamente el abuso de parte del Ejecutivo.
En las manifestaciones, los trabajadores señalaron que algunos de los pagos dejaron de llegar entre junio y julio pasado, cosa que no es menor, pues resulta obvio el suponer a dónde fue a parar el dinero que el gobierno jinetea del resto de la estructura del Estado.
El Poder Judicial no es un caso especial de omisiones estatales, es más bien, una víctima recurrente en una larga lista de entidades que han sido afectadas por las dolosas prácticas de un gobierno que canibaliza el estado para nutrir sus intereses más burdos.
Los fondos de la Secretaría de Educación que coordina la SEGE y gestionan los sindicatos se muestran con deudas millonarias que el gobierno ni siquiera ha mostrado interés de atender; la deuda de pensiones crece mes con mes y la magnitud se ha vuelto tan ridícula que la administración ni siquiera tiene forma de explicarla; el gobierno de la Gallardía encontró una mina de oro discreta, al dejar de pagar los sueldos y adeudos en sectores poco conocidos como los filtros sanitarios de las carreteras o los pagos pendientes con empresas como Veolia.
Gallardo Cardona y las dependencias que usa como cartera particular, se han vuelto expertos en desfondar el presupuesto de entidades que no generarían conflicto público, con tal de tener los ahorros suficientes para gastar en el verdaderos interés del gobernador: la Feria Nacional Potosina y el Congreso Nacional Charro.
Por supuesto que le gobierno necesita ahorrar los 18 millones de pesos que requiere para atender los derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial, ¿cómo no los va necesitar si su cartelera anual en el Fenapo asciende, al menos, a 60 millones de pesos?
Claro que el gobernador se va a resistir a aportar 8 millones de pesos al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para concluir el proceso electoral, ¿por qué haría una inversión en democracia cuando está tan cerca la celebración del segundo Congreso Nacional Charro en territorio potosino?, evento que promete levantar la misma emoción en el público que levantó el año pasado: ninguna.
Obviamente el Gobierno del Estado no se puede dar el lujo de invertir dinero o recursos en un plan elaborado, estudiado, avalado y bien fondeado para atender a largo plazo el problema de desabasto de agua en la capital, ¿por qué dar dinero a un gobierno municipal capitalino a cargo de Enrique Galindo Ceballos, cuando ese recurso podría ser destinado a pagar los espectáculos inaugurales que seguro van a iniciar la Arena Potosí?
El dinero que Gallardo Cardona jinetea y estira en democracia, justicia, medio ambiente, educación y salud, se desperdician olímpicamente en shows, espectáculos, circo, nimiedades y un desfile de personalidades que visitan el estado solo para tomarse fotografías con la familia del gobernador.
Hoy, el potosino promedio transita sus calles, estudia en sus escuelas, utiliza su transporte público, visita sus plazas y vive sin advertir que el día de mañana podría dejar de tener acceso a alguna de esas cosas por el capricho ególatra y simplón de un mandatario estatal.
Si la manifestación del Poder Judicial fue la secuela de otras que han realizado en este sexenio, no significa que la exigencia haya crecido, sino que el problema nunca se fue.
Así pasa con todo lo demás y sin saberlo, ya vivimos en un estado que paga los conciertos con violaciones a derechos laborales, los recintos de espectáculos con deudas a los pensionados, la charrería con omisiones en el campo y el deseo de los poderosos con el padecimiento del resto.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
