Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado la atención a víctimas por parte de autoridades y organismos creados para su atención es que, lejos de anteponer el interés de quien vio afectados sus derechos humanos, privilegian el trámite burocrático al grado de litigar contra quien deben apoyar, con extremos en los que aprovechan la posición para captar clientes para sus despachos… y hasta captar votos.
Visto a lo largo del tiempo, hasta pareciera que las víctimas que se atreven a exigir sus derechos son vistas más como enemigas de la autoridad y los organismos que deben protegerlas, que los victimarios, quienes no sólo se ven favorecidos sino que hasta han llegado a ser defendidos. Tres ejemplos y un testimonio.
Uno. El 18 de enero de 2019, el Juzgado Cuarto de Distrito resolvió el expediente número 1136/2018 y ordenó a la Fiscalía General del Estado reconocer “el carácter de víctima a Ángel Sánchez Soto dentro de la carpeta de investigación CDI/PGJE/SLP/ZC/7965/16”.
El amparo se le concedió después de que Sánchez Soto había agotado las instancias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), y ambas le habían negado ese carácter.
Dos. Oscar Candelas Reyes fue comisionado de atención a víctimas y, a pesar de ser oficialmente su defensor, cuando menos en dos casos se documentó que, aun en esa posición, representó a cuando menos dos victimarios reconocidos en recomendaciones de la CEDH y la CNDH.
Uno de ellos corresponde al de Noria de San José, por hechos violentos desde junio de 2016, cuando Candelas Reyes, desde su despacho particular, comenzó a representar a la empresa que incurrió en despojo en perjuicio de varios habitantes de esa comunidad.
El otro corresponde al Caso Jair, en Laguna de San Vicente, por el que desde el 25 de enero de 2018 se interpuso una denuncia en su contra ante la Contraloría General del Estado por representar al presunto homicida de una víctima, menor de edad, calificada como tal en la recomendación 02/2017.
Como parte de las resoluciones de esos casos, Candelas Reyes se vio obligado a renunciar al cargo de delegado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Tres. Martín Vaca Huerta, socio en el despacho de Candelas Reyes que litigó contra las víctimas de Noria de San José, en su candidato por el PRI a diputado local por el VI Distrito en las elecciones de 2018, acudió a esa comunidad a pedir el voto, lo que representó un agravio adicional a los habitantes del lugar.
Las víctimas señalaron que en las fotografías que publicó el candidato en su página de Facebook aparece con los mismos personajes que se prestaron para hacer un video promocional de la empresa que los perjudicó, lo que les representó una burla.
El testimonio. Tras 15 años de peregrinar por que se le hiciera justicia ante el despido injustificado como custodio del Consejo Tutelar para Menores, José de Jesús Ortiz Cerda, ya reconocido como víctima, se topó en el 2018 con Jorge Vega Arrollo como titular de la CEEAV y su particular forma de tratar a las víctimas.
“El comisionado presidente (Jorge Vega Arroyo) prefiere litigar las resoluciones en tribunales que enfrentar el pago de la reparación del daño, a mí me lo dijo, (si pago) siento precedente y después le tengo que pagar lo mismo a las demás víctimas”, dijo en aquella ocasión.
Casos hay muchos y persisten hasta la actualidad con malas señales de un mantenimiento de la estructura de revictimización que deriva en violencia institucional, del que este viernes se reveló un caso más: la descalificación como víctima y las amenazas del diputado Eloy Franklin Sarabia en contra de María de Jesús Almendárez Prieto, Mary Chuy.
La revelación que hizo Mary Chuy en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado a la que se le invitó para exponer su caso describe una cadena de presuntos actos re victimizantes que van desde la posible violación a la protección de sus datos personales hasta situaciones que podrían alcanzar otro carácter… más los acumulados en la propia reunión.
En cuanto Mary Chuy señaló que el 10 de febrero se reunió con Franklin Sarabia y señaló que “él me dijo que yo no era víctima”, el diputado la interrumpió:
“Tengo grabación de eso”, se escucha decir a Franklin Sarabia (minuto 10:54 del video de la transmisión hecha por Astrolabio Diario Digital) en un tono defensivo que trata de descalificar a una víctima en el uso de la voz. Una grabación que violó el principio de consentimiento del que se ocupan nueve artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En su intervención, Franklin Sarabia se reservó responder a los señalamientos de Mary Chuy “para no revictimizarla”, ¿acaso anunció que llegado el momento de defenderse la volverá a revictimizar? Peor aún. Pareció percatarse de que la grabación a la que primero aludió como instrumento para su defensa se le revertiría.
“Yo no sé de dónde salió que se había grabado”, dice en el minuto 25:02 de la transmisión de Astrolabio. En 14 minutos con 8 segundos, todo indica que la grabación que afirmó tener fue condenada a ser desaparecida, aunque tras su primera interrupción, es de considerar que en el caso podría incurrirse en eliminación de pruebas.
“Me causa un agravio que esté aquí”, dijo Mary Chuy con referencia a Franklin Sarabia antes de continuar la reunión. La diputada Gabriela Martínez Lárraga le señaló que se trataba de una reunión de una Comisión de la que él forma parte y no tendría por qué salir. ¿Hasta dónde una víctima tiene que someterse a una situación que le resulta inconveniente para exponer su caso?
Positivo que se haya invitado a una víctima a exponer su caso ante la Comisión de Derechos Humanos. Malo que no se deje de privilegiar un sentido de trámite burocrático con una muy limitada empatía hacia la víctima. Malas señales, pues.
