Por Victoriano Martínez
Hace tres años, la omisión en la consulta a las comunidades indígenas y a las personas con discapacidad provocó que la Ley Electoral que aprobaron los diputados fuera invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de mostrar la forma en que los derechos de los grupos vulnerables son regateados.
Este lunes, representantes indígenas de los municipios de Tancanhuitz, Tanlajás y San Antonio acudieron al Congreso del Estado para pedir que se dé continuidad a su petición para que en 2024 las elecciones en esos municipios se lleven a cabo por usos y costumbres, con la advertencia de que, si no es así, podrían evitar la instalación de los comités municipales electorales.
Hace tres años, las comunidades indígenas de esos territorios solicitaron el cambio de modelo de elección por sistema de partidos políticos al sistema normativo interno (usos y costumbres), y se les negó porque la petición la hicieron después de que ya había sido declarado el inicio del proceso electoral 2020-2021.
No obstante, en la resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció que “ciertamente, existe la posibilidad de cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales”, y señaló que “tendrán que calificarse, en su momento, para verificar la procedencia de la transición del sistema de elecciones”.
Como parte de ese procedimiento, ordenó la inclusión de representantes de esos tres municipios en la Comisión Temporal de Inclusión del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
No sólo se dio la incorporación de los representantes de esos tres municipios, sino que el 13 de octubre de 2022 el pleno del CEEPAC acordó darle el carácter de Comisión Temporal de Seguimiento a la Consulta indígena en acatamiento a la sentencia SM-JDC-89/2021, que corresponde a las determinaciones de la Sala Monterrey del TEPJF.
El pasado mes de diciembre, esa comisión entregó al pleno del CEEPAC el “Informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas asentadas en los municipios de Tancanhuitz, San Antonio y Tanlajás, San Luis Potosí, con el objetivo de involucrarlas en el proceso de decisión para el próximo proceso electoral” (Parte 1 y Parte 2).
El 31 de enero, el pleno del CEEPAC aprobó el informe, a la vez que también determinó enviarlo al Congreso del Estado, por lo que la petición que hoy hicieron los representantes indígenas de esos tres municipios no es para los diputados algo nuevo o de lo que no cuenten con antecedentes.
Entre las cuestiones que destacan en el informe es que “las representaciones indígenas identificaron como el mayor obstáculo para el ejercicio de sus derechos político-electorales: la discriminación hacia las comunidades en el sistema de elección que se traduce en la falta de inclusión de la opinión de los pueblos y comunidades indígenas”
En el diagnóstico señala que “esa actitud de discriminación se refleja en el actuar de las autoridades, ya que no toman en cuenta lo que se dice, además de que “no se sienten identificados en la metodología de las autoridades, lo cual genera falta de pertenencia y que no se incluye su cosmovisión”.
También señalan que el entendimiento de la interculturalidad sólo se pide por parte de la autoridad a los pueblos y comunidades, no de los pueblos hacia las autoridades.
“El objeto de los usos y costumbres no pretende entrar en el orden de la justicia, sino en los derechos político-electorales”, aclaran en los resultados del informe.
En un sentido general, las posturas apuntan a una responsabilidad de los partidos políticos como un elemento ajeno a sus usos y costumbres que incluso provoca conflictos.
“Se mencionó que muchos de sus conflictos se generan durante los procesos electorales por parte de los y las candidatas de los partidos que son ajenos al municipio porque crean rencillas entre los habitantes”, se reporta en una parte del informe sobre la situación en el municipio de San Antonio.
“Se reconoce que uno de los conflictos más recurrentes son los de índole político, de encontrarse en partidos políticos o facciones contrarias y que esto causa rupturas en la comunidad”, se repite el señalamiento a los partidos políticos como factor de conflicto, también en el municipio de Tanlajás.
El informe relaciona, como parte de un análisis FODA, 65 acciones divididas en cinco secciones (territorio, organización social, historia e identidad, manejo del tiempo y estructura poblacional) entre las que se incluye “Acordar la NO promoción de los partidos en las Comunidades Indígenas”, así, con ese énfasis en la palabra no.
La sentencia que marcó el seguimiento a la petición de hace tres años para que se pueda cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de autoridades municipales en Tancanhuitz, San Antonio y Tanlajás se dio el 8 de marzo de 2021 y desde el pasado 31 de enero el Congreso del Estado conoce la información para evaluar la pertinencia de realizar los ajustes normativos que procedan.
El recordatorio que les hicieron este lunes los representantes indígenas se encuentra en tiempo justo para que las modificaciones legales que daban hacerse, con los procedimientos necesarios, se lleven a cabo… a menos que se siga la política de regatear derechos a grupos vulnerables.
