Alejandro Rubín de Celis
Fue hasta que un tribunal colegiado de circuito se los ordenó; si no hubiese sido así, pudieron pasar semanas para que los diputados se dignaran a pagar a los integrantes del Grupo Técnico Operativo (GTO) para la Consulta Indígena lo que se les debe, no sólo por concepto de salarios sino por el dinero que ellos tuvieron que poner de su peculio o que pidieron prestado para poder realizar las etapas de preparación de la consulta y convencer a las comunidades de participar en las asambleas.
El haber reaccionado hasta que se los ordenó una autoridad judicial y no haber mostrado la sensibilidad suficiente para comprender la difícil situación por la que han pasado los integrantes el GTO ─en su mayoría indígenas─ en los últimos cuatro meses, habla mucho de la calidad moral de los legisladores, por no decir de su mezquindad.
Los agraviados comenzaron a trabajar desde el día siguiente en que tomaron protesta el 27 de enero pasado y presentaron puntualmente su primer reporte el 12 de marzo, dirigido a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Rosa Zúñiga Luna. En ese lapso cubrieron siete de las 13 etapas que marca la ley para la realización de la Consulta Indígena. Casi todo el trabajo lo cubrieron con recursos propios o con préstamos pues el Congreso únicamente les hizo un pago por 16 mil 700 pesos, cuando para entonces se debieron haber pagado 400 mil, según los cálculos de los quejosos.
El 18 de marzo, seis días después de que los operativos entregaran su reporte, los diputados suspendieron unilateralmente el proceso de la consulta a causa de la contingencia por la epidemia del coronavirus, sin avisar a las comunidades y haciéndolo sólo a la secretaria técnica del GTO, Marcela Sánchez Flores, la tarde de ese día.
Los integrantes del Grupo Técnico Operativo recorrieron comunidades de 23 municipios del estado, realizaron un intenso trabajo y convencieron a grupos indígenas de participar en la consulta, pese al escepticismo de muchos de ellos que ya no confían en las autoridades.
Tras la primera protesta de los afectados el 19 de marzo, ni un diputado se pronunció públicamente porque se les pagara a la brevedad su sueldo y se les reembolsara lo que pusieron de su propio dinero y del que tuvieron que pedir prestado para sufragar todos los gastos durante casi dos meses.
Parece que ninguno tuvo la sensibilidad de ponerse en los zapatos de esas personas y pensar en las penurias que estaban pasando y solicitar a la Comisión de Asuntos Indígenas, a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) o al pleno de los diputados una medida extraordinaria para que se les pagaran los adeudos. Ni siquiera lo hizo la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Rosa Zúñiga Luna, que más bien se lavó las manos al no hacer algo para buscar una solución.
Resulta inverosímil pensar que los legisladores no pudieron advertir lo que los afectados les señalaban en el sentido de que, al no pagarles su salario y reembolsarles lo que gastaron, los colocaban en una situación de riesgo que “pone en peligro sus vidas, salud, bienestar, subsistencia alimentaria, mínimo vital, acceso a los servicios básicos de agua potable y electricidad, vivienda, educación suya, de sus hijos y familiares”.
Tan es así que tenían razón los demandantes que sus preocupaciones las confirmó el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito al resolver la suspensión de plano con base en el artículo 126 de la Ley de Amparo que la concede “por actos que importen peligro de privación de la vida”, con lo que la autoridad judicial obliga al Poder Legislativo a pagar los salarios pendientes y reembolsar los gastos que hicieron los miembros del GTO, aún cuando no se les reconoce estrictamente como servidores públicos.
Pero claro, ¿qué se iban a preocupar unos congresistas de lo que le pasara a una veintena de personas y sus familias, si ellos no pasan hambre, no carecen de servicios básicos o tienen dificultades para pagarlos, si no tienen problema alguno para mandar a sus hijos a la escuela ni en sufragar los gastos de libros y transporte? Y si algunos de ellos provienen de origen humilde pues como que ya se les olvidó.
¿Cómo se van a preocupar con un sueldo seguro de 104 mil 500 pesos al mes, prestaciones de ley y más, y un aguinaldo de 313 mil 500 pesos ─correspondiente a tres meses de salario─, viviendo en una cómoda casa, con el disfrute de todos los servicios ─hasta los de lujo como TV de paga─ con autos a la puerta para transportarse, con dinero suficiente para mandar a sus hijos a escuelas de paga, con recursos de sobra para tomar vacaciones con toda su familia a donde les plazca?
Ellos sí pueden solicitar adelanto de sueldo y obtener préstamos personales pero no fueron capaces de buscar una alternativa que atenuara las dificultades económicas que por cuatro meses han padecido los integrantes del GTO.
En 19 de marzo, tras los reclamos de los agraviados, el presidente del Congreso, Martín Juárez Córdova dijo que no se les podía pagar hasta que no hubiera resultados; ya los había, parciales pero los había, como lo demuestra el reporte que presentaron el 12 de marzo a la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas. Por su parte, el presidente de la Jucopo, Rolando Hervert argumentó que hay estrictos lineamientos administrativos y que de no cumplirse no se les podía pagar.
Bien que cuando quieren hacer sus enjuagues, los diputados, ─sobre todo lo más poderosos─, siempre encuentran la manera de liberar recursos, y de ello hay casos documentados, como el de Eugenio Govea que operó para compensar la reducción a los salarios de los diputados a través de un aumento de sueldo a sus asesores.
Si realmente hubieran tenido la voluntad, ya no de ayudar porque no era una ayuda, sino de cumplir un compromiso, sobre todo moral, con esas personas ─las cuales en su mayoría se encuentran en situación de alta vulnerabilidad ̶ lo habrían hecho. Pero no les importó.
Varios de esos legisladores querrán repetir en el cargo o buscar uno de mayores privilegios el año próximo.
Que los electores tengan en cuenta este deleznable suceso y todas las pifias y abusos en los que ya han incurrido, y que se los cobren en las urnas.
