Por Antonio González Vázquez
Las agresiones que en las últimas horas ha recibido la diputada de Acción Nacional, Xitlálic Sánchez Servín configuran un caso categórico de violencia política contra la mujer. Se le ha agredido psicológicamente y se ha atentado en contra de su dignidad de mujer por intereses políticos específicos, asegura la comisionada estatal de atención a víctimas, Gloria Serrato.
Luego de que la mañana de este jueves apareció en la fachada principal de la sede estatal del PAN una leyenda escrita en azul en la que se insulta a la legisladora con el calificativo de “puta”, Astrolabio preguntó a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas lo que procede.
La comisionada Serrato dijo que en términos llanos, se trata de un ejercicio de violencia política porque esa pinta de la barda tiene como contexto y antecedente una serie de acciones impulsadas para afectar los derechos de Sánchez Servín.
Lo que tratan de hacer quienes la están atacando es socavar su dignidad, la hostigan y la amenacen para que no haga valer sus derechos, puntualizó.
Indicó que es común que quienes ejercen violencia en contra de la mujer lo hagan utilizando la amenaza para que la víctima se quede callada o no haga nada por denunciar.
Recordó que no es el primer caso de violencia política contra la mujer en Acción Nacional pues está el antecedente más reciente de la también diputada Josefina Salazar Báez, a quien se también se intimidó por posiciones al interior del Congreso del Estado, pero antes también fue el caso de Sonia Mendoza Díaz, víctima de guerra sucia en la campaña de gobernador de hace unos años.
La comisionada Serrato lamentó que el caso de la diputada Xitlálic no sea una excepción sino uno más que conforma una frecuencia que resulta ya preocupante.
Consideró que en este caso, es importante que la legisladora o su partido, presenten la denuncia correspondientes ante instancias como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (a nivel federal), ante el Instituto Nacional Electoral, el Conejo Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado o en la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Tal vez alguna de esas instancias pueda actuar de oficio, pero lo deseable es que sea la diputada la que denuncie a fin de que sirva como un ejemplo y con ello, aliente a otras mujeres que han sufrido violencia política para que denuncien a sus agresores.
Gloria Serrato explicó que recientemente se ha incorporado en la legislación el tema de la violencia política y que ya existe un protocolo de acción que se debe seguir para atender casos como el de Sánchez Servín.
Puntualizó que si la legisladora fue designada por su partido a un cargo y hubo quienes no lo aceptaron y hubo luego intimidación y amenazas, es porque sus agresores tienen la intención de que la diputada no figure y no desarrolle sus actividades legislativas como debe ser.
Es decir, tratan de silenciarla mediante agresiones tan indignas como la del insulto a la persona, concluyó tras advertir que por ejemplo, si se comprueba que hay violencia política, la sanción de cárcel al o los responsables, es de hasta cinco años.