Por Victoriano Martínez
La historia del mal trato del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en contra de los burócratas se mantiene en curso, y aunque los capítulos de mayor escándalo y confrontación pública quedaron atrás, el conflicto continúa por otras vías y esporádicas manifestaciones sin que se haya dejado de atentar contra los derechos de los trabajadores.
El Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) es, entre los sindicatos de burócratas, el que con mayor regularidad hace públicas acciones de defensa de sus agremiados contra las acciones del gobierno estatal, lo que no significa que entre los demás no haya procedimientos en curso, sea laborales o hasta judiciales.
Los varios centenares de demandas laborales interpuestos en los primeros embates de despidos masivos contra los burócratas, de los cuales sólo el Sindicato Único de Trabajadores al Servicios del Gobierno del Estado (SUTSGE) tenía registro de más de 200, tarde o temprano tendrán que alcanzar una resolución y podrían convertirse en un dolor de cabeza para la administración estatal.
Ante la nula respuesta en instancias locales, el SITTGE ha optado por recurrir a otras del ámbito nacional y hasta internacional como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El jueves pasado, como parte de una manifestación con otras 10 organizaciones, el SITTGE participó en la toma de la Secretaría de Gobernación, donde expuso la problemática laboral, social y de violencia generada durante la actual administración de Gallardo Cardona.
Aunque los procedimientos en instancias como la OIT y la CIDH tardan años, el día que desde esas instancias se emita una recomendación el llamado de atención no será para el gobierno potosino, sino para el gobierno de México. Lo que ubica a Gallardo Cardona como quien podría llegar a exhibir al país como violentador de los derechos laborales.
Difícilmente le alcanzará al presidente Andrés Manuel López Obrador la recepción de una eventual recomendación de ese tipo, pero de continuar la Cuarta Transformación en el Gobierno Federal, resultará interesante conocer la reacción.
Entre los atentados contra los derechos de los burócratas, hay uno que el gobierno gallardista ha mantenido con tal continuidad, que cada mes arroja una cifra multimillonaria más abultada: la deuda con la Dirección de Pensiones.
De acuerdo con el acta de la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Dirección de Pensiones del 29 de noviembre de 2023 (página 2), la más reciente disponible, la deuda del gobierno es de 4 mil 599 millones 626 mil 247.36 pesos.
Un adeudo que supera en más de mil millones la deuda pública estatal, reportada en la Plataforma Estatal de Transparencia en el mes de diciembre por un monto de 3 mil 413 millones 391 mil 314.02 pesos.
De los 4 mil 599 millones 626 mil 247.36 pesos de ese adeudo, 3 mil 402 millones 898 mil 405.65 pesos son cuotas retenidas de los trabajadores y las aportaciones patronales que ha dejado de pagar la actual administración estatal. En sentido estricto, el gobierno se apropia del dinero que pertenece a los trabajadores. Equivale a “ordeñar” los sobres de nómina.
María Elena Treviño Salinas, lideresa de la Organización de Trabajadores Sindicalizados de las Instituciones del Gobierno del Estado, a través de un video que circuló en redes sociales, aseguró que Luis Arturo Coronado Puente les anunció en una reunión que, para el próximo mes de abril, la situación provocará que no haya recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones de los burócratas.
“Estamos en un momento adecuado para reaccionar ante este robo descarado de nuestros recursos ahorrados”, advirtió tras llamar a los burócratas de todos los sindicatos a pedir a sus dirigentes “que explique las acciones que ha tomado para evitar el inminente colapso de la Dirección de Pensiones y qué planea hacer”.
Mientras hoy Treviño Salinas llama robo descarado a los adeudos del actual gobierno con la Dirección de Pensiones, Gallardo Cardona no ha vuelto a hablar del “fraude del siglo” en esa misma dependencia desde el pasado mes de noviembre.
“Ya tiene que haber responsables detenidos, o al menos señalados, y todo el organigrama de cómo fue que se cruzaban los dineros de Pensiones”, dijo entonces.
Quizá también daba explicar las razones por las que, en lugar de cubrir los 5 mil 292 millones 171 mil 623.57 pesos que debió reportar a la Dirección de Pensiones, sólo ha entregado mil 889 millones 273 mil 217.92 pesos y, sobre todo, qué hizo con los 3 mil 402 millones 898 mil 405.65 pesos en lo que ha incrementado el adeudo… en perjuicio de los trabajadores.
