Carlos Rubio
Entre el 18 de diciembre de 2024 y el 17 de marzo de 2025, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona gastó un aproximado de 538 mil 292 pesos en publicidad de su página de Facebook; mientras que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha erogado 32 mil 074 pesos, y la primera pregunta que me surge es: ¿por qué los potosinos tenemos que pagarle publicidad a los mandatarios para que inflen de seguidores sus redes sociales? Un beneficio que obtienen al pagar por promoción personalizada, bajo el disfraz de difusión de acciones de gobierno.
La publicación de Astrolabio sobre el contrato de 10 millones de pesos con un medio de comunicación que reservó el Gobierno del Estado, reavivó el debate sobre la discrecionalidad con la que una administración puede disponer de recursos públicos para repartirlos entre sus favoritos, sin un criterio claro a seguir.
¿Qué capacidad de difusión o calidad de información tiene un medio de comunicación para recibir 833 mil pesos mensuales durante un año? Sería difícil y hasta rebuscado que el gobierno intente justificar tal contrato bajo un criterio estrictamente periodístico.
¿La adjudicación de dicho contrato debió llevar un proceso de licitación pública? Por el tamaño del monto, sí. ¿Pero cuándo se ha visto que se lance una convocatoria a medios de comunicación para la obtención de esta clase de contratos? Nunca. El reparto históricamente ha sido a conveniencia de los mandatarios y con una clara intención del control de la línea editorial.
Esta termina siendo un arma de doble filo para la prensa, porque si bien pueden amoldar su línea editorial a lo que pida la administración, cualquier desliz rebelde deriva en una reprimenda en forma de retención de los recursos. En pocas palabras, si dejan de seguir las ordenes de arriba, no cae el dinero. Y quienes terminan pagando las consecuencias y sufriendo más de esta situación, paradójicamente, son quienes le dan vida al medio, es decir, los periodistas.
Volviendo al primer punto de este texto: no solo es el uso que los mandatarios le dan a los recursos a través de los medios de comunicación, sino también el que invierten a través de redes sociales. Este gasto, presuntamente para difundir sus acciones de gobierno, les termina retribuyendo no solo con reacciones, sino también con seguidores y posicionamiento de sus páginas personales, que al final de cuentas les pertenecen y se llevarán cuando finalice su gestión.
¿Cuál es el beneficio para la población de que un mandatario se publicite en Facebook? No es suficiente la propaganda que vierten en la vía pública, en radio ni en televisión, también deben inundar las redes sociales de “apollo” y “amabilidad”.
Otra rama a la que se desprenden recursos públicos a discreción es hacia las encuestadoras, sí, esas que luego colocan al gobernador como el número uno del país; o al alcalde como el número tres. No es gratis, vaya usted a saber si se realizó una encuesta, pero la fotografía del personaje ahí está, sonriente con cargo al erario.
No se ha sabido cuánto han erogado los mandatarios potosinos por aparecer en uno de esos “estudios de opinión”, pero al final del mes ahí figuran. Quién sabe si pagaron o salieron ahí por buena voluntad de la encuestadora (sí cómo no).
Al final, el hecho de que un gobierno deliberadamente intente ocultar un contrato, es señal de que algo anda mal. La reserva se hizo para ganar tiempo y fastidiar al solicitante, ya que bajo ningún motivo puede justificarse si el contrato debe ser publicado de oficio desde el mes siguiente al que se firmó.
El problema ahora está en cancha de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, paradójicamente, el organismo que le termina otorgando tiempo al gobierno para evitar entregar la información, ya que puede tardar hasta más de un año en resolver una inconformidad.
Pero la pregunta es… ¿alcanzará la CEGAIP a resolver antes desaparecer?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
