Angélica Campillo
El diputado priista Mauricio Ramírez Konishi apuntó que en el tema del aborto, la decisión jurídica está en otro ámbito en el que se tienen que enfocar, no en si se penaliza o no.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es inconstitucional penalizar a las mujeres que abortan, sin embargo, los legisladores de la fracción panista en el Congreso del Estado se pronunciaron en contra del aborto en una reunión que sostuvieron con el arzobispo Jesús Cabrero Romero.
Al ser cuestionado al respecto, Ramírez Konishi dijo que el tema va en el sentido de una correcta homologación jurídica, y ya no es que se esté o no a favor de penalizar a quienes lo practican.
El legislador aclaró que la resolución de la Corte es independiente de que el Estado provea los servicios y la infraestructura para que se lleven a cabo; son dos temas jurídicos muy importantes: el primero se refiere a que si alguien comete un aborto por decisión propia, no tiene una consecuencia de privación de la libertad; el segundo, que se prevé que se trate en el Congreso, es que el Estado esté obligado a proveer el servicio y, si es así, cómo, bajo qué recursos y, sobre todo, el tema de la libertad de conciencia que los doctores puedan tener en ese momento.
Puntualizó que la discusión ahora pasa a este ámbito y es en el que se tiene que trabajar, hacer foros con mucho cuidado y respeto, “primero se debe dimensionar cuánto presupuesto implica, porque si en la actualidad se batalla para tener las medicinas básicas, imagínense un proyecto para poder ampliar que los Servicios de Salud provean ahora ese servicio”.
No obstante, evadió dar una postura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto al aborto, y únicamente sostuvo que todavía no es un tema que se aborde a profundidad, que tiene que ver con impacto presupuestal, el alcance del sistema de salud que esté a cargo y la normatividad sobre la libertad de práctica que tengan los doctores.
De igual forma, refirió que primero se debe hacer una definición de atribuciones estatales y federales, y en ese sentido tomó como ejemplo que el Estado no podría hacer ninguna intromisión en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), o en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
“Estaríamos en un limbo si aprobamos algo y no habría en dónde llevarlo a cabo porque son del ámbito federal, entonces quedaríamos en un mismo hueco de darle a la ciudadanía una homologación”, finalizó.
