Por Victoriano Martínez
Todo indica que la gallardía desistió de gestionar por parte del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez su desincorporación del Interapas, pero no porque hayan dejado a un lado la intención de esa separación, sino porque encontraron otra salida: la extinción del organismo operador del servicio de agua potable.
La iniciativa (página 67) fue presentada por 15 diputados y pasará al Pleno del Poder Legislativo este jueves para ser turnada a comisiones, donde se verá qué tanta urgencia se le imprime y, en consecuencia, el tipo de instrucción que recibieron al respecto por parte del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien les marca el ritmo a los legisladores.
El probable que de pronto les cayó el 20 sobre lo que establece el artículo 12 del Decreto 642, publicado en el Periódico Oficial del Estado el lunes 12 de agosto de 1996, y se percataron de que había una ruta directa a la separación de Soledad de Graciano Sánchez del Interapas:
“El Congreso del Estado podrá decretar la desaparición del organismo operador intermunicipal por violaciones a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Orgánica del Municipio Libre, a la Ley de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y al presente decreto; así como por deficiencias o irregularidades en la presentación del servicio”.
Sobresale que en el documento de la iniciativa destacan con letras negritas la causal de desaparición “así como por deficiencias o irregularidades en la presentación del servicio”, cual si hubiesen descubierto el hilo negro. Después de 28 años de existencia, el Interapas presenta deficiencia o irregularidades en el servicio, al grado de que merece ser extinguido.
Un descubrimiento por el que, ni tardos ni perezosos, fue aprovechado para presentar la iniciativa de su desaparición por una ventaja adicional.
De acuerdo con el artículo 14 del decreto que crea el organismo, “en caso de que se declare la desaparición del organismo operador intermunicipal Interapas, el Congreso del Estado procederá de inmediato a entregar la responsabilidad de operar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la Comisión Estatal de Agua…”
O sea que la gallardía no sólo separa a su feudo municipal del Interapas, sino que toma el control del servicio en los tres municipios que hoy atiende ese organismo a través del Ejecutivo Estatal. ¡Chuza!, diría alguien.
Un detalle que llama la atención en la iniciativa presentada por los 15 diputados tiene que ver con que se omite mencionar el artículo 13 del mismo decreto, en el que se establece una medida obligatoria y otra que resulta potestativa establecida con el uso del futuro simple “podrá”.
“El Congreso del Estado previamente a la decisión de desaparecer el organismo operador intermunicipal Interapas, deberá notificar por escrito debidamente fundado y motivado al Presidente del Consejo de Administración y al Director General del organismo operador intermunicipal, dándole un plazo de 10 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga”, obliga la primera parte del artículo 13.
“El Congreso del Estado podrá señalar al Consejo de Administración y al Director General un término para cumplir con la corrección de las irregularidades o deficiencias. Si al cumplirse el término no se han tomado las acciones para subsanar las causas de la desaparición, se procederá en consecuencia”, señala la segunda parte de ese mismo artículo.
Al omitir cualquier mención al artículo 13 en la iniciativa queda claro que los proponentes no contemplaron otorgar el derecho de audiencia al que están obligados según la primera parte de esa disposición, lo que podría ser tomado como una causa de nulidad del decreto de extinción.
Si no están dispuestos a cumplir lo que es obligatorio, mucho menos estarán dispuestos a darle un plazo para subsanar las causas por las que pretenden su extinción.
Los actuales diputados aún tienen tiempo para declarar la desaparición del Interapas y se puede decir que hasta de sobra si han aprobado propuestas del ejecutivo en cuestión de días, según la prisa del mandatario. Es decir, el siguiente trienio de las administraciones municipales los alcaldes ya no tendrían entre sus preocupaciones garantizar el servicio de agua potable.
¿Cuánto podría tardar la liquidación del Interapas para que los alcaldes volvieran a encabezar esa responsabilidad? El costo de la deficiencia en el servicio también tendrá que ser asumido durante ese periodo por la autoridad estatal, a menos que la Comisión Estatal del Agua tenga la solución mágica al desabasto y se lleve las palmas por la solución.
Una circunstancia que, para Enrique Galindo Ceballos como alcalde reelecto, podría representar, si bien la pérdida de una bandera manipuladora para hacerse pasar como héroe, también una carga menos ante lo complicado del problema. Podrá lavarse las manos con simplemente responsabilizar al Ejecutivo estatal por la falta de agua.
