Alejandro Rubín de Celis
Con acontecimientos vergonzantes registrados en los últimos dos meses, que incluyen la inoperancia de un Comité de Participación Ciudadana a causa del desprecio de las instituciones, la designación del fiscal carnal Federico Garza Herrera y de la auditora estatal, Rocío Elizabeth Cervantes; y lo que está por consumarse con un fiscal Anticorrupción a modo que será “electo” por el Congreso del Estado o designado por el gobernador, queda confirmado que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es una farsa.
Se supone que el propósito del SEA es garantizar independencia e imparcialidad para que verdaderamente se sancionen los actos de corrupción en el estado, pero existen vicios de origen que ya desde hace algún tiempo lo deslegitiman.
En primer lugar está un Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA que desde su integración inicial fue cuestionado por no cumplir con el requisito de equidad de género y porque uno de sus miembros presuntamente no cumplió con los requisitos establecidos en la convocatoria, lo que llevó a la presentación de dos juicios de amparo que no han sido resueltos. José Jesús Sierra Acuña, el comisionado impugnado, aseguró que hay legisladores que no quieren que permanezca dentro del CPC porque saben que “yo sí sé señalar exactamente dónde está la corrupción” y están preocupados por ello.
La situación jurídica del Comité de Participación Ciudadana ha quedado en el limbo ─al parecer deliberadamente─ y eso ha sido aprovechado por otras figuras del Comité Coordinador del Sistema: las representaciones de la Contraloría General del Estado, de la Auditoría Superior del Estado, del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, y de la Fiscalía General ─en ausencia de la representación de la Fiscalía Anticorrupción cuyo titular apenas será designado─, para hacerles el vacío a los representantes ciudadanos que han venido actuando casi en solitario.
Los integrantes del CPC tomaron protesta en ausencia de sus compañeros del Comité Coordinador y no han logrado que sus propuestas y acciones tengan algún impacto al interior de ese organismo ni hacia el exterior. El Congreso no ha enviado en más de cuatro meses la minuta al Ejecutivo, relativa a la creación del Comité de Participación Ciudadana, de ahí que no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado. En su desesperación por el desprecio de que han sido objeto, los integrantes del CPC acaban de presentar una solicitud de juicio político contra los representantes de las instituciones del Estado que se han negado a asistir a las reuniones del Comité Coordinador del SEA.
El caso es que la representación de la sociedad civil no tiene ningún impacto ni incidencia en el SEA ni en la supuesta y en su caso incipiente lucha anticorrupción en San Luis Potosí.
En cuanto a la nuevas fiscalías que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, ya hace dos meses el Congreso local ─cuestionado entre otros asuntos por la presunta red de sobornos entre diputados y funcionarios de la ASE para limpiar cuentas públicas, conocido como la Ecuación Corrupta─ eligió al Fiscal General del Estado ─coloquialmente llamado fiscal carnal del gobernador Juan Manuel Carreras─, Federico Garza Herrera, y el mismo Poder Legislativo está por elegir al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Pero es de la menor importancia quién salga de la segunda terna propuesta por el gobernador, si es Mónica Kemp Zamudio, Alejandro Hernández Castillo o Jorge Alejandro Vera Noyola, o si finalmente lo designa directamente el gobernador en caso de que no lo elija el Congreso, cualquiera de los tres le deberá el puesto a quien lo propone.
Es inaudito que el gobernador Juan Manuel Carreras haya declarado que los perfiles que se presentaron para la Fiscalía Anticorrupción y para la de Delitos Electorales ─que no forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción─ fueron “cuidadosamente seleccionados” cuando tan sólo Jorge Alejandro Vera Noyola, quien hasta hace muy poco fuera subsecretario de Enlace Interinstitucional del Gobierno del Estado ─el mismo que Carreras encabeza─ con el Congreso local ─donde ya fue diputado─, no garantiza la imparcialidad necesaria para un combate efectivo de la corrupción en las instituciones del Estado.
La Ecuación Corrupta del SEA es perfecta para los intereses de la clase política potosina: Fiscal General propuesto por el gobernador y aprobado por el Congreso del Estado + titular de la ASE elegida a modo por el Congreso del Estado + Fiscal Anticorrupción propuesto por el gobernador y aprobado por el Congreso del Estado o designado por el gobernador – Comité de Participación Ciudadana (reducido a nada) = impunidad garantizada.
Mientras los poderes Ejecutivo y Legislativo no saquen las manos por completo de la selección o integración de órganos o instituciones que deban combatir efectivamente la corrupción, y se establezcan formas de selección imparciales a través, por ejemplo, de Instituciones académicas u organizaciones civiles honorables y prestigiadas, cualquier sistema que se cree ─como el que nos ocupa─ y cualquier representación de la sociedad civil en estas instancias será una mera simulación, y si no hay que preguntarle a Jacqueline Peschard, presidenta saliente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien a semanas de dejar el cargo, declaró: “Cierro mi ciclo y me doy cuenta que no tengo cifras que presumir. No le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo, y que aparece en lugares donde no se esperaba”.
