Abelardo Medellín
El considerar que el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, ya no tendrá ninguna sanción por haber rebasado el tope de campaña o considerar que la elección no podrá ser anulada, son “equivocaciones de apreciación”, afirmó el abogado potosino, Gustavo Barrera López.
En entrevista con Astrolabio Diario Digital, Barrera López habló sobre los acuerdos que logró el pasado jueves 22 de julio el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y las implicaciones que podrían tener sobre la elección de gobernador en San Luis Potosí.
De acuerdo con el abogado, la elección en el estado potosino aún está inmersa en la incertidumbre en tanto que el Consejo General no resuelva todas las quejas contra el gobernador electo, y en vista de que el órgano jurisdiccional, en este caso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tampoco ha dictaminado la validez de la elección.
“En tanto no resuelva el órgano electoral y el órgano jurisdiccional, pues aún no hay nada para nadie, hay un acto jurídicamente realizado como lo es la entrega de constancia, porque el medio no interrumpe que se avance (…). Ya se entregó la constancia de gobernador por el órgano estatal, eso es correcto, pero todavía no se declara válida la elección y mucho menos ha rendido protesta el electo”, afirmó Barrera López.
El abogado recordó que el Tribunal Electoral es el único constitucionalmente facultado para declarar la validez o nulidad de la elección y, por lo tanto, será hasta agosto (que se tenga un nuevo acuerdo), cuando se trate el tema de las quejas que aún se estudian, para luego turnarlas a la sala superior del TEPJF y este determine la validez de la elección en el estado.
Gustavo Barrera también habló sobre el proyecto de resolución con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/940/2021/SLP, el cual fue devuelto a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) por solicitud del consejero Ciro Murayama Rendón, en vista de que existen actualmente tres otras quejas contra Ricardo Gallardo Cardona, y las que se buscan aunar al proyecto para ampliar las indagatorias.
Según el abogado, estas quejas que se acumularán al expediente 940 revelan que aún hay un proceso de “aclaración”, en el que se busca revisar las que se encuentran pendientes y valorar si se enviarán individualmente, o como todo un proyecto en conjunto con implicaciones para el candidato y el partido que lo representó.
Barrera López dijo respetar la posición actual del gobernador electo y el partido que lo postuló, pero sentenció que en este momento son cuestiones de interpretación las que “no han quedado muy claras para la opinión pública”, por lo que la realidad es que aún no hay nada resuelto.
De igual forma, Gustavo Barrera comentó que son los actores políticos quienes están obligados a informar con “realidad, certeza y veracidad” a la gente sobre los avances en el proceso de análisis de la elección.
Asimismo, comentó que comunicados donde candidatos y gobernadores electos anuncian información definitiva sobre un proceso aún en curso, es una “omisión que aún se puede corregir”.
Sobre lo dicho, cabe resaltar que el pasado 23 de julio, un día después de la sesión del Consejo General del INE, el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, publicó en sus redes sociales un texto donde afirmó lo siguiente:
“El Instituto Nacional Electoral resuelve por unanimidad el proyecto de fiscalización de San Luis Potosí en el que se indica que no hay rebase al tope de gastos de campaña. Muy mal que haya pasquines desinformando a los potosinos, nosotros seguiremos construyendo un San Luis unido y fuerte. #RGoficial”.
Sin embargo, dicha información difundida por el candidato omite el hecho de que aún hay otras tres quejas en su contra en la UTF, las cuales aún podrían influir en la declaratoria de validez de la elección en el estado o una nueva sanción contra él y su partido.
