Eduardo Delgado
La atracción de la investigación sobre el presunto feminicidio de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), le infunde a su madre, María Esperanza Lucciotto López, la esperanza de lograr la justicia luego de más de nueve años de lucha.
El 29 de octubre de 2012 Karla Pontigo falleció luego de que la madrugada del día anterior su hermano, Fernando Zahid, la encontró moribunda en el antro “Disco Play”, donde la joven trabajaba como edecán.
La señora Esperanza Lucciotto catalogó esa medida como “otro gran logro”, porque es el primer caso de feminicidio atraído por la fiscalía, aseveró.
También, porque luego de poco más de nueve años, las indagatorias no avanzaron “ni para atrás ni para adelante” y además “sienta un precedente para muchos otros casos a nivel nacional”, destacó.
Este año, recordó, el 29 de octubre se cumple el décimo aniversario luctuoso de su hija y “no puede ser que no haya nada… eso no se vale”.
El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras, reprobó, ha mostrado que el caso no le interesa, pues durante el tiempo que lleva como encargado y fiscal, “no se ha acercado a hablar con nosotros”.
Además de que la administración anterior ni la actual le asignaron recursos a la Unidad Especializada en Delitos contra las Mujeres, encabezada por Candy Elizabeth Martell Sandoval.
Esperanza Lucciotto sostuvo que esa unidad “debe seguir con la misma fiscal porque hizo mucho”, pues tuvo “demasiados resultados buenos, a pesar de que nunca le dotaron de los insumos y de que le pusieron piedras salió adelante”.
Enfatizó que no solo el caso de Karla debe proseguir, pues hay familiares de mujeres asesinadas “que quieren que ella siga”, en cuyo caso les asiste el derecho de exigir que continué, “pero con los insumos suficientes”.
A su juicio, dijo, mientras no culminen las pesquisas “no se puede afirmar quienes son y quienes no son los responsables”, lo cual ahora le toca resolver a la FGR.
Respecto de las presuntas omisiones e irregularidades de servidores públicos, dijo, “no es que yo diga que se les castigue”, pues eso lo dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La FGR, expuso, debe proceder conforme a lo establecido por la SCJN en resolución emitida el 13 de noviembre de 2019 y deslindar la responsabilidad de todos los servidores públicos involucrados en la investigación.
“Desde el juez hasta el policía de investigación”, de modo que quienes resulten responsables “deberán ser sancionados penal y administrativamente”, finalizó.
