Por Victoriano Martínez
Lo que pudiera haber digno de reconocimiento en la vinculación a proceso por los delitos de peculado y fraude de cuatro ex funcionarios del Ayuntamiento de Ciudad del Maíz y algunos de sus proveedores desaparece en cuanto se observa el contexto de las acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Es innegable que se trata de un avance en el combate a la corrupción, pero también lo es que apenas se trata del primer paso para someter a juicio los actos que fueron denunciados por los habitantes de Ciudad del Maíz desde principios de 2018, y se debe tener en cuenta que justicia que no es pronta y expedita no es justicia.
Desde el 12 de abril de 2018, integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción, capítulo Ciudad del Maíz, presentaron a la FGE una denuncia por irregularidades en la construcción y rehabilitación de diez caminos en ese municipio. No obstante, no es esta la denuncia por la que a los ex funcionarios se les vincula a proceso.
Aquel escrito presentado ante la FGE daba cuenta de que, desde 2017, las comunidades que tendrían que haber sido beneficiadas con la aplicación de 19 millones 876 mil 337 pesos en realidad padecían obras simuladas que, incluso, les habían dejado sus rutas de acceso en peores condiciones.
Para el 2 de mayo de 2018, 23 representantes de distintas comunidades presentaron un escrito a la ASE para denunciar lo mismo y solicitar la verificación de las obras y la recuperación de los recursos que con motivo de la simulación de esas obras fueron desviados.
En tanto esto ocurría, junto con la organización Ciudadanos Observando, la gente de Ciudad del Maíz documentó el origen de la mayor parte de los recursos aplicados a las obras simuladas, en una investigación que se conoció como “moches-gate” en la que aparecieron involucrados ocho diputados de la pasada Legislatura.
La denuncia ciudadana, tanto en la FGE como en la ASE, y la difusión del trabajo de Ciudadanos Observando, quedaron como el antecedente que llevó a la Auditoría Superior del Estado a incluir entre las observaciones a la Cuenta Pública 2017 de Ciudad del Maíz parte de las obras denunciadas, pero no fue hasta julio del año pasado cuando presentó su propia denuncia a la Fiscalía.
Esta es la denuncia por la que los ex funcionarios fueron vinculados a proceso. A pesar de tener conocimiento de los hechos desde hace más de dos años, la Fiscalía apenas da un siguiente paso en la procuración de justicia para las comunidades que padecen desde hace dos años de malos caminos y obras simuladas.
La ASE actuó, pero queda la duda sobre si lo habría hecho sin la presión de los pobladores de Ciudad del Maíz, que con frecuencia acudieron a presionar por los avances de la denuncia que presentaron el 2 de mayo de 2018.
Y es que, ni en la Fiscalía ni en la ASE corrieron la misma suerte denuncias que presentaron habitantes de Rioverde y de San Martín Chlachicuautla que, por distintas circunstancia, no pudieron contar con la posibilidad de acudir con la misma frecuencia a solicitar avances sobre las denuncias que hicieron.
También en esa misma época se dieron denuncias similares ante la Fiscalía por parte de pobladores de Mexquitic, Ahualulco y Moctezuma, sin que hasta ahora se les haya dado trámite.
En esos seis municipios, y otros tantos de los que se tuvieron referencias, la forma de operar de los ayuntamientos era la misma, pero no había quien denunciara como ocurrió con la constancia que se dio en el caso de Ciudad del Maíz.
Ni la Fiscalía ni la ASE actuaron en los otros cinco municipios de los que surgieron denuncias. Mucho menos se pudo esperar que la ASE haya procurado detectar ese tipo de irregularidades en los 52 ayuntamientos restantes.
Un caso –ahora sí auténticamente aislado– difícilmente puede tomarse como muestra de un combate real a la corrupción, sino todo lo contrario: es la presión ciudadana la que fuerza ese tipo de acciones ante la falta de voluntad de quienes tienen esa responsabilidad.
Si la ciudadanía les proporcionó la hebra, que la Ficalía y la ASE no hayan hecho el menor esfuerzo para sacar el listón de alcaldes, ex diputados y demás funcionarios que tendrían que responder ante la justicia convierten la vinculación a proceso de cuatro ex funcionarios municipales en un acto más para aparentar, con el sacrificio de eslabones débiles, lo que muy poca voluntad tienen de hacer.
