La forma es fondo

Antonio González Vázquez

En la intención de extinguir al INTERAPAS, resalta el tono impositivo de la iniciativa presentada por 15 legisladoras y legisladores afines al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Sin considerar la opinión del pueblo, ofrecen solucionar una problemática que aqueja a cientos de miles de personas. Quienes sufren la ineficiencia de ese organismo, están supeditados a las decisiones de unos cuantos.

La población puede estar de acuerdo o no con la desaparición planteada, pero eso les tiene sin cuidado a los gobernantes.

Desde su atalaya como presuntos representantes populares, tomarán una decisión a espaldas de la gente.

Es el poder político por encima de la voluntad del pueblo.

Podrán reclamar desde las curules que tienen detrás de si la legitimidad del voto y que cuentan con los instrumentos legales para concretar la extinción, pero eso no significa que sus actos cuenten con la aprobación de los habitantes de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, donde el INTERAPAS.

Consultar a la ciudadanía en este caso es una obligación en el contexto de transformación política que vive el país.

Un ejemplo, baste exhibir el proceso legislativo a seguirse en el propósito de eliminar al organismo intermunicipal

En estos días, la nación entera tiene la atención puesta en la trascendental reforma al Poder Judicial Federal.

La Cámara de Diputados recurrió al Parlamento Abierto para escuchar la opinión de especialistas y ciudadanía. Nueve foros a realizarse en el marco de los “diálogos nacionales” para socializar la reforma.

Ministros, Ministras, Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas expresarán sus puntos de vista, lo mismo que abogados y académicos.

La ciudadanía ya fue tomada en cuenta a través de encuestas, en las que de manera abrumadora respaldaron la reforma en todos sus términos.

De lo que se trata es de debatir, dialogar, escuchar y atender las opiniones que se expresen.

En San Luis Potosí, pese a que hay un gobierno aliado a la cuarta transformación, en vez de apelar al diálogo se recurre a la imposición.

Cuando la forma es simple politiquería, lo previsible es el fracaso.

En su trayecto de 28 años el organismo ha acumulado múltiples razones para despertar el reclamo generalizado, sin embargo, no se trata de ir en su defensa, sino de que a su eliminación surja una solución viable.

La iniciativa ya turnada a la Comisión del Agua del Congreso del Estado, no considera la necesidad de buscar el consenso social en torno a la propuesta.

Bastaría levantar una muestra con la ciudadanía y preguntarle si están de acuerdo o no con la iniciativa y enseguida, presentar la propuesta de solución: ¿Qué prefieren, INTERAPAS o Comisión Estatal del Agua?

Ir y tocar las puertas en los hogares de algunos de los habitantes agobiados por el desabasto, pedir que expresen su sentir y que también planteen alguna idea de qué hacer.

Las y los diputados integrantes de esa Comisión generarán el dictamen correspondiente sin recurrir al punto de vista de quienes sí conocen de fondo y padecen la problemática.

Tampoco estiman necesario convocar a foros ciudadanos en colonias, comunidades, ejidos o zonas fabriles y comerciales para conocer su parecer.

Nada de eso.

Que la mayoría legislativa con sus escasas luces de entendimiento levanten la mano y decidan extinguir al INTERAPAS es cosa decidida desde palacio de gobierno.

Las y los habitantes de los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, tienen el derecho de expresar su opinión, al igual que los investigadores que han estudiado el problema, pero también los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos.

El ciudadano de a pie que ante las cíclicas crisis hídricas recurre a la protesta con el cierre de vialidades o la toma de pozos; ese ciudadano tiene derecho a que se le tome en cuenta porque seguramente tiene algo qué decir.

Es la población y no los políticos la que durante los últimos 28 años ha venido soportando la ineficiencia de un organismo creado para garantizar un servicio de calidad en el abasto de agua.

La clase política debería admitir que el fracaso del INTERAPAS es también responsabilidad de los gobiernos municipales de esas tres demarcaciones, por las que han pasado panistas, priistas y gallardistas.

Sabedores de ello, destaca el silencio de la oposición y del propio organismo que han sido incapaces de fijar postura frente a un asunto irremediable. Únicamente voces aisladas, como la del Consejo Hídrico han levantado la voz al exigir que se les tome en cuenta.

Los tres ayuntamientos involucrados callados en espera de que el Congreso del Estado cumpla el mandato del ejecutivo.

El propio organismo se mantiene mudo, lo mismo que la alcaldesa con licencia y el alcalde reelecto, quien ha sido omiso ante el caso al preferir mantener sus días de descanso tras su victoria electoral.

Lamentablemente, los políticos toman sus decisiones y la población luego debe pagar las consecuencias.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.