Estela Ambriz Delgado
La Huasteca Potosina atraviesa tiempos complicados con una crisis de legitimidad, gobernabilidad y seguridad, pues a pesar de que es una región predominantemente indígena, las autoridades municipales aún son elegidas por el sistema de partidos políticos, cuyas estructuras se encuentran permeadas por los poderes fácticos, lo que se devela con el asesinato del edil del municipio de Tancanhuitz, de acuerdo con el análisis de Juan Felipe Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
El activista considera que el crimen contra el alcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga desnuda la podredumbre que viven prácticamente todos los municipios supuestamente elegidos de manera democrática; pese al intento político de minimizar el sangriento hecho en el que perdieron la vida cuatro personas, este es una expresión de las crisis que se viven en esta zona del estado.
Asimismo, explicó que esto se debe a diversos factores, como el hecho de que la Huasteca es una región predominantemente indígena, dado que en 18 de los 23 municipios donde se asientan personas indígenas, representan más del 50 por ciento de la población total, y en 13 de estos es más del 70 por ciento. Sin embargo, la paradoja es que son gobernados por personas no indígenas y bajo un sistema electoral ajeno a sus sistemas normativos y formas de gobierno reconocidos en la Constitución Política de México.
Entre estos municipios destaca San Antonio con 99.15 por ciento de población indígena; Tanlajás, 97.44; Coxcatlán, 92.68; Aquismón, 92.41; Huehuetlán, 90.34; Axtla de Terrazas, 89.78; Tancanhuitz, 89.52; Matlapa, 89.18; Tampamolón Corona, 87.13; Tampacán, 83.88; San Martín Chalchicuauhtla, 82.28; Tamazunchale, 82.07; y Santa Catarina, 79.75 por ciento.
Subrepresentación y marginación
Otro de los factores que producen esta crisis es que se usurpa la autoadscripción política de los pueblos y comunidades indígenas, quedando subrepresentada, pues como explicó Cisneros Sánchez, comúnmente los partidos políticos postulan en los cargos municipales a personas mestizas y disfrazan la participación indígena con su incorporación en las regidurías para lograr la supuesta elegibilidad y legalidad, ya que la autoridad electoral no es estricta en aplicar las acciones afirmativas para regular la situación.
Por otra parte, indicó que el sistema de partidos afecta la cohesión social de los pueblos y comunidades indígenas al ser un modelo ajeno a su sistema normativo, que fracciona y dificulta el consenso comunitario. Mientras que el partido político es una figura externa a la vida de la comunidad que impone operadores y candidatos sin consenso comunitario y mucho menos asambleario, es decir, es vertical.
Esto contrasta con la comunidad, que no acepta la intermediación externa para elegir a sus representantes y sus mecanismos para designar autoridades son horizontales e incluyentes de todos los integrantes.
En este sentido, el activista apuntó que el sistema de partidos, al estar en crisis, sólo reproduce un sistema socioeconómico y político que ha mantenido en un estado marginal y de exclusión sistemática a la población indígena.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval), en 2020 el 80.3 por ciento de la población indígena vive en situación de pobreza y ubica a la entidad en el lugar seis a nivel nacional con mayor porcentaje de pobreza en este sector de la población.
Asimismo, el 39.9 por ciento de la población de 3 años y más hablante de lengua indígena se encuentra en situación de pobreza extrema, y el 40.3 en condición de pobreza moderada, porcentajes que están por encima de los que presenta la población no hablante de lengua indígena del estado. En cuanto a vulnerabilidad, el porcentaje de hablantes que la presentan es de 16.7 por ciento.
Violencia electoral y falta de legitimidad
Como último factor, el Integrante del OIM mencionó que los grupos de poder fácticos han permeado el sistema electoral en la región para hacerse de espacios territoriales, fracturando la integración municipal y generando violencia; como ejemplo, la conflictividad electoral y postelectoral en que quedan los municipios indígenas y de la poca legitimidad para gobernar, el municipio de Tancanhuitz.
Al respecto, ahondó en el escenario político que se dio desde las pasadas elecciones de 2024, que se vislumbraba ya era un conflicto entre las familias que se han hecho del poder político, social y económico en el municipio desde hace décadas, además de que a lo largo de la contienda se generaron diversas manifestaciones de violencia.
Hizo mención también de que, aunque el caso continúa abierto, a la fecha se presume que el autor intelectual del crimen de cuatro personas, incluyendo al edil, fue un ex presidente que pertenece a una dinastía política enquistada en el poder desde hace décadas y que se ha turnado en el gobierno municipal, e incluso en representaciones políticas de mayor envergadura.
En este sentido, Felipe Cisneros precisó que Franco Lárraga ganó con un reducido número de votos, pues de conformidad con el PREP del 3 de junio 2024, el municipio tiene un listado nominal de 15 mil 840 electores, del cual sólo emitieron su voto 11 mil 576 personas y 4 mil 264 se abstuvieron. El ganador obtuvo 3 mil 477 votos, que representan apenas el 21.9 por ciento de padrón nominal.
Asimismo, señaló que, al sumar los votos de la oposición y el abstencionismo, se obtuvo que el 78.04 por ciento del padrón nominal no comparte la plataforma política ni las siglas del supuesto ganador.
“Esta situación se repite en San Antonio y Tanlajás, y es muy similar en el resto de municipios indígenas. El promedio con el que un candidato se puede hacer de un gobierno municipal en la Huasteca indígena es con el 27. 17 por ciento del padrón nominal”.
Para concluir, indicó que el proceso electoral de 2027 ya está rigiendo el acontecer político de la región y del estado; en medio de esto se encuentra la exigencia de las comunidades indígenas tének y náhuatl de Tanlajás, Tancanhuitz y San Antonio, para poder elegir con base en sus usos y costumbres a sus autoridades municipales, y con ello poner fin a las distintas dinastías de poder que se han enquistado en los municipios.
Al respecto, recordó que desde diciembre de 2020 las representaciones indígenas de estos tres municipios han exigido al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), a los Tribunales Electorales y ahora al Congreso del Estado, que se realice una consulta seria, amplia y respetuosa para poder definir su tránsito del sistema de partidos al sistema de usos y costumbres al cual constitucionalmente tiene derecho.
