Benazir Valles
Este martes, los diputados locales se enfrentan a la responsabilidad de elegir al representante del Poder Legislativo dentro del Consejo de la Judicatura.
La importancia de este órgano radica en que es el encargado de aplicar orden y control dentro del Poder Judicial, pues es el que debe “corregir los perjuicios derivados de la inseguridad jurídica, las infracciones a la ley, el quebranto a las instituciones y el desempeño deshonesto de los funcionarios públicos”, pero corre el riesgo alejarse de sus principios si sus integrantes obedecen a otros intereses.
Entre sus responsabilidades también se encuentra el solucionar las demandas de justicia que son competencia de los organismos judiciales de manera pronta, completa e imparcial, otorgar el servicio público estatal de impartición de justicia con todas las características deseables de calidad, eficiencia, adecuación, continuidad y permanencia, además de asegurar el acceso efectivo de los justiciables ante los tribunales y juzgados del Estado y concentrar la labor de los juzgadores en cuestiones de carácter exclusivamente jurisdiccional.
El 30 de agosto concluye el encargo de Carlos Alejandro Ponce, quien, a pesar de múltiples señalamientos en su contra, incluso relacionados con homicidio culposo y acoso sexual, busca la reelección, por lo cual el Congreso del Estado votará en sesión extraordinaria para elegir a su sucesor.
Son 11 los aspirantes al Consejo de la Judicatura: José Ernesto Piña Cárdenas, Gilberto Fuentes Guzmán, Érika Velázquez Gutiérrez, César de Jesús Porras Flores, Martín Joel González de Anda, Rebeca Pozos Aguilar, Adriana Lemoine Landeros, Huitzilihuitl Ortega Pérez, Guillermo Balderas Reyes, Jesús Xerardo Martínez Muñoz y Carlos Alejandro Ponce Rodríguez.
Entre estos candidatos sobresalen nombres de personajes que han tenido señalamientos de mal actuar dentro de puestos anteriores, como Guillermo Balderas, quien ya formó parte del Consejo de la Judicatura y fue acusado pedir moches.
Asimismo, se menciona al abogado Ernesto Piña, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Marcelo de los Santos, además de que fue asesor de Eugenio Govea Arcos en la LX legislatura, de Lucila Nava Piña, en la LXI legislatura, y de Rolando Hervert Lara, en la legislatura actual.
Érika Velázquez es la actual titular del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes); César Jesús Porras es contralor del Tribunal Electoral y buscó el cargo de comisionado numerario en la CEGAIP; Martín Joel González de Anda fue titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio de Fernando Toranzo y secretario general de la Facultad de Derecho de la UASLP; Rebeca Pozos Aguilar actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y Huzilihuitl Ortega Pérez se desempeña como presidente de la Asociación de Abogados en el estado.
Del resto de los contendientes hay poca información disponible.
Cabe destacar que el diputado Edgardo Hernández pidió al Gobierno del Estado mantenerse ajeno al proceso de elección para que, de esta manera, los diputados puedan seleccionar de manera transparente al mejor perfil.
Este puesto es de suma importancia porque deberá representar un contrapeso dentro del Poder Judicial para hacer frente a la serie de irregularidades que se han denunciado por parte de jueces y magistrados en contra del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán Cue, pero aún así es evidente la falta de experiencia judicial de la mayoría de los aspirantes.
