Por Victoriano Martínez
La inseguridad, sentirse o no seguro, es cuestión de percepción. Las estadísticas de criminalidad, los desgloses de incidencia delictiva y hasta los índices de paz –por cierto, uno festejado hoy por el gobierno estatal– no son otra cosa que diagnósticos crudos del incumplimiento de las autoridades en materia de seguridad.
A lo largo de los últimos 15 años ha sido recurrente la presencia de algunos periodos en los que los responsables de la seguridad hablaron de “avances” y “mejoras” en el tema, pero a la distancia ha quedado el registro de una tendencia al alza que ligeras reducciones no han logrado revertir, y la garantía de seguridad para la población a la que están obligados se mantiene sin existir.
Los estudios estadísticos sobre la criminalidad cada vez más presente en la sociedad son el recuento del costo que le toca pagar a la población por las deficiencias en materia de seguridad de unas autoridades que no han dado con la estrategia adecuada para revertir esa calamidad.
“La Entidad potosina tuvo la cuarta mejora más grande en niveles de paz en México en 2022, marcando su segundo año consecutivo de avance con 7.3 por ciento de recuperación en su calificación general, con cifras alentadoras en homicidios, delitos cometidos con armas de fuego, crímenes de la delincuencia organizada y cárcel sin sentencia”, dice el comunicado.
Una manipulación del dato estadístico del Índice de Paz México (IPM) publicado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) con una expresión que equivale a decirle a los potosinos “por nuestras deficiencias ahora sólo van a morir 93 y no 100, ahora sólo 93 perderán su patrimonio y no 100, ahora sólo habrá 93 víctimas y no 100, etc.”.
Una manipulación que omite convenenciera e irresponsablemente la parte negativa de la estadística y los revela más preocupados por proyectarse como eficientes, por encubrir su persistente negligencia y como quienes toman con poca seriedad el costo que tiene que pagar la población por el incumplimiento de su obligación.
¿Se puede esperar que alguien con esa actitud autocomplaciente tome las medidas apropiadas para que efectivamente se garantice la seguridad de la población? ¿En verdad creen que con esa actitud la población podrá sentirse más segura?
Los estudios estadísticos son diagnósticos que deben ser considerados para afinar las estrategias de seguridad y no para que se dé una nueva agresión a la población en la modalidad de una ofensiva y costosa propaganda que banaliza cualquier estudio y tiene el efecto de normalizar la criminalidad e insensibilizar ante la cotidianeidad de la violencia.
“San Luis Potosí continuó con altos niveles de delincuencia y experimentó deterioros en los delitos con violencia. Su deterioro en este indicador fue impulsado por un aumento de 27.5 % en la tasa de robos, el tercer mayor aumento de tasa en el país.
“La tasa de robos en el estado ha aumentado de 310 a 955 casos por cada 100,000 habitantes en los últimos ocho años, debido en parte a los altos niveles de impunidad, ya que el 99 % de los robos quedan impunes”, son parte de los datos del IPM que en su comunicado omitió el gobierno estatal.
Más robos y más delitos con violencia que necesariamente incrementan la posibilidad de que más personas tengan un conocido o hasta un familiar como víctima.
Si se trata de robo a transeúntes, es decir, de la posibilidad de ser víctima de un delito por el simple hecho de salir a la calle, la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resulta alarmante: el índice por cada 100 mil habitantes aumentó de 2021 a 2022 un 38.03 por ciento, y para este año la tendencia indica que podría aumentar un 15.96 por ciento más.
Si en el último mes se han registrado dos asaltos a transeúntes con saldo de dos personas muertas, el caso Sua Jocsan Marín y la víctima no identificada en Balcones del Valles, y cada fin de semana se conocen asaltos similares en el centro de la ciudad, incluso con policías como testigos a unos cuantos metros, lo cierto es que cada vez son menos quienes no conozcan un caso cercano.
La inseguridad, sentirse o no seguro, es cuestión de percepción y, si algo deben tener en cuenta las autoridades, es la existencia del sesgo de disponibilidad, que tiene que ver con la influencia de lo primero que se nos viene a la cabeza.
¿Para cuántos potosinos al pensar en su seguridad lo primero que se les viene a la cabeza es el amigo de un amigo, o el amigo directo, o el pariente que fue víctima de un delito? ¿Cuántos conocen y consideran el dato de una “mejora” del 7.3 por ciento en el índice de paz para sentirse seguros?
Hacerse propaganda con esos datos sólo alimenta el ego de las autoridades, las exhibe como muy poco responsables, y ningún efecto puede tener en la percepción de quien se siente inseguro porque tiene más cerca el temor de que le puede pasar lo que al amigo de un amigo, al amigo directo o al pariente.
