Por Victoriano Martínez
Sin duda el hecho de que se pueda afirmar que de un año a otro se redujo en un 11 por ciento el número de homicidios en el Estado –como informó en un comunicado la Vocería de Seguridad Pública del Estado– pueda representar un dato alentador, más no alcanza para ser un indicador de que la situación de inseguridad comienza a estar bajo control.
Toda estadística que involucra diversas variables es susceptible de presentarse de manera parcial, de tal suerte que –con intención o sin ella– se puede generar una percepción que puede resultar sesgada.
Para el caso, por ejemplo, el optimismo que se podría despertar al señalar una reducción del 11 por ciento en el número de homicidios contrastaría con el incremento –o la permanencia– del porcentaje de potosinos que viven con miedo, que se mantiene por encima del 80 por ciento.
Y es que llegar y decirle a una persona que “hubo una balacera”, y cuando pregunte cuántos muertos hubo, que se le diga que nueve o que diez no provocará mucha diferencia en el impacto que le cause.
Durante 2022, 2021, 2020 etcétera, ha habido balaceras. Decir que en un año hubo 648 ejecutados, que en otro 740 o en el otro 732 y así hacia atrás, en tanto las cifras no dejen de ser centenas, o se encuentren muy por encima de niveles de países sin problemas de violencia con cinco homicidios por cada cien mil habitantes, el impacto para la población no varía.
Otro dato que resulta revelador del impacto que la inseguridad mantiene entre la población es el hecho del elevado número de víctimas de delitos del fuero común, porque ofrece un panorama de las altas posibilidades que tienen los habitantes del Estado de convertirse en víctimas.
De entrada, sólo con la cifra de denuncias presentadas ante el Ministerio Público y sin considerar la cifra negra que suele ser mucho mayor, durante 2022 cada potosino tuvo 1.82 veces más posibilidades de convertirse en víctima de un delito del fuero común que en 2015.
Si se considera el número de denuncias presentadas durante los últimos ocho años, cuando menos en dos se pudo haber presumido una reducción en el número de víctimas totales con respecto al año anterior.
En 2018 se presentó un 9.13 por ciento menos víctimas que en 2017. El otro caso fue en 2020, cuando se registró un 10.25 por ciento menos denuncias de víctimas de delitos del fuero común que en 2019.
El hecho de que a esa variación a la baja haya seguido una al alza al año siguiente demuestra que el hecho de que se registren menos casos no necesariamente representa que se ha logrado revertir una tendencia que se mantiene a la larga.
El número de víctimas de delitos del fuero común también disminuyó de 2021 a 2022, aunque en un porcentaje tan marginal (el 1.93 por ciento) que no alcanzó para un buen impacto mediático como para haberlo incorporado en el comunicado oficial de la Vocería de Seguridad Pública. En ese sólo cabe lo que viste.
En efecto, disminuyó el número de homicidios dolosos a 648 durante todo el 2022, pero aún se está muy lejos de la situación que se vivía en 2015, cuando en todo el año se registraron 257.
La cifra global de víctimas por año da cuenta de que, en el desglose por tipo de delito, subtipo y modalidad pueden existir tantas posibilidades como las intenciones de quienes quieran mostrar un panorama optimista o pesimista; pero también, por mostrar el panorama de conjunto, el de la inseguridad es un tema sin resolver y con muchos pendientes.
