María Ruiz
Apresurada y sin análisis, la iniciativa de la Ley de Ingresos del Poder Ejecutivo que plantea la aplicación de un “impuesto verde” para aquellas empresas e industrias que emiten contaminantes al medio ambiente, de acuerdo con lo señalado por el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Gerardo Ortuño Díaz; el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial de SLP, Enrique Villafuerte; y Juan Marcos Fierro, integrante de la Comisión de Energía de la Coparmex.
Expresaron que es esencial un diálogo con los integrantes del Poder Legislativo y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que les permitan exponer y respaldar sus argumentos.
“Nosotros estamos buscando soluciones, que no sean impositivas y que beneficien la reducción de emisiones de carbono en un contexto económico complejo”.
En este sentido, los tres señalaron que ante el panorama actual de la economía nacional y local, no es el momento oportuno para implementar un impuesto de esta índole, además de que la iniciativa carece, al menos de lo que conocen de ella, de especificaciones como el costo real del impuesto por la emisión por tonelada CO2.
“Tenemos aún cuestionamientos técnicos y nos preguntamos por qué tanta premura para que este tema esté dentro del paquete económico (…). No se especifica cuánto se cobrará por tonelada por emisión de gases efecto invernadero CO2”.
Sobre esto, señalaron que este impuesto tendrá un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, las cuales en su mayoría ya atienden una regulación a nivel federal por la emisión de gases contaminantes.
Además, indicaron que la aprobación del “impuesto verde” afectará no solo a las empresas, sino que también repercutirá en el alza del costo de los productos, ya afectados por el índice de inflación anual.
“Lo que necesitamos es sentarnos y tener un diálogo y así analizar la estructura de esta iniciativa, porque este tipo de impuestos siempre han ido de la mano del sector empresarial”.
De igual modo, remarcaron que la propuesta de gravar el 100 por ciento de las emisiones CO2 va en contra de las políticas nacionales e internacionales, contradiciendo la estrategia de reducción de emisiones presentada por México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Situación que también derivará en que las empresas que realizan este tipo de emisiones, aunque estén ya reguladas, migren a otros estados por los altos costos del impuesto, hecho que perjudicará a la larga el estado económico y de inversión en San Luis Potosí.
