Alejandro Rubín de Celis
Tres asuntos recientes de presuntas irregularidades vuelven a poner el en el ojo del huracán a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado: un supuesto aumento salarial injustificado a dos asesores, el retraso en el nombramiento del personal de La Unidad de Evaluación y Control (UEC), y la violación a un acuerdo que cancelaba la compra de desayunos con recursos públicos.
La organización Ciudadanos Observando detectó que a dos asesores que fueron contratados este año, Eduardo González Sierra y Guillermo Balderas Reyes, les aumentaron el sueldo de 40 mil a 68 mil 156 pesos con 36 centavos, a partir de la segunda quincena de marzo, lo que motivó que la agrupación civil presentará una demanda penal contra ambos ante la Fiscalía Anticorrupción.
Diputados señalan que uno de los asesores fue contratado para La Junta de Coordinación Política y otro para la Presidencia del Congreso ꟷesto último ha sido desmentido por Sonia Mendoza, presidenta de la mesa directivaꟷ pero dicen desconocer el tema del aumento. No obstante, el diputado Rolando Hervert Lara, vicepresidente de la Jucopo, sostiene que los dos asesores, que realizan las funciones de secretario técnico, ganan 52 mil pesos mensuales, que es el ingreso que obtienen los coordinadores de área y que fue dispuesto para ellos en virtud de que la figura de secretario técnico no existe en la estructura administrativa del Congreso.
Sin embargo, de acuerdo a una respuesta dada por la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado vía Infomex, con número de folio 00870119, se puede confirmar que el ingreso de los dos asesores es de 68 mil 156 pesos con 36 centavos (consulte aquí el documento, página 3, o si lo desea búsquelo por el número de folio en Infomex).
El diputado Cándido Ochoa, vocal de la Jucopo, asegura que no fue ese órgano colegiado el que habría autorizado el aumento sino la Coordinación de Finanzas, supuesta encargada de fijar los montos. ¿Pero cómo, si en el Congreso no se mueve un dedo sin que lo autorice la Jucopo? Ahora dice Cándido Ochoa que los asesores deben devolver el dinero extra que se les ha pagado en los últimos cuatro meses.
El otro problema es que todo indica que no hay documentos oficiales que avalen la contratación de estos asesores y que por esa razón se presiona a la presidenta de la mesa directiva, Sonia Mendoza, para que firme documentos con fechas anteriores para “legalizar” la presumible ilegalidad.
Con la presión encima desde hace ya varios días, es seguro que si hubiera algún contrato firmado al respecto y estipulara la cantidad que Hervert afirma, así como las condiciones generales de la contratación, ya lo hubieran dado a conocer a la opinión pública.
El caso hace recordar la maniobra que urdió el diputado Eugenio Govea, quien en una sesión de la Jucopo propuso ꟷy se aprobóꟷ un aumento de 20 mil pesos a la partida destinada a los asesores de los legisladores ꟷque no se consignó en actas y que se diluiría en movimientos contables del área de Finanzasꟷ, para que con ese dinero compensaran la reducción salarial de 10 por ciento que había acordado como parte de la austeridad a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho del cual fue testigo la ex oficial mayor, Marcelina Oviedo Oviedo.
¿Será que con esta maniobra, los legisladores busquen otro ingresito extra a sus modestos emolumentos oficiales de 104 mil 500 pesos mensuales, más otros 20 mil que presuntamente ya se embolsan de la partida de los asesores?
Por otra parte, a pesar de que la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Marite Hernández y el propio titular de la Unidad de Evaluación y Control, Jorge Ovidio Robledo Gómez, han presionado a la Jucopo para que seleccione al personal que requiere la UEC para su operación, con base en los perfiles que le hicieron llegar, ese órgano de gobierno hace oídos sordos ante la necesidad de poner en funcionamiento una instancia necesaria en materia de rendición de cuentas.
Hace semanas, La Junta de Coordinación Política pretendió negociar directamente los puestos de la UEC con Robledo Gómez, pero frente a la intentona de imposición hubo una queja de la Comisión de Vigilancia que los obligó a dar marcha atrás y luego, deliberadamente, han venido retrasando el proceso.
La Jucopo retrasa la operación de la Unidad de Evaluación y Control mientras la Auditoría Superior del Estado (ASE) se encuentra en la última etapa del programa de ejecución de auditorías correspondientes al ejercicio 2018 en el que la UEC jugaría un papel importante de inspección, pues es el órgano revisor de la Comisión de Vigilancia respecto de las tareas que realiza la ASE en la fiscalización de las cuentas públicas.
¿Será esta una nueva jugada de la Jucopo para extender, junto con otras decisiones tomadas con anterioridad, la llamada Ecuación Corrupta?
Para rematar, han violentado un acuerdo que ellos mismos tomaron en cuanto a los desayunos para los legisladores en las sesiones del pleno y en declaraciones algunos de ellos han caído en contradicciones. Mientras Oscar Vera declaró que los desayunos nunca se cancelaron por un acuerdo, Mauricio Ramírez Konishi reconoció que existe el acuerdo pero también que, en los hechos, los desayunos nunca se suspendieron.
Por su parte, Cándido Ochoa Rojas declaró que diputados comparten desayuno que llevan a las sesiones del pleno, por lo que el intercambio de comida se convierte en algo así como una reunión de traje, y dijo que lo que se haya pagado con recursos públicos debe ser devuelto a las arcas del Congreso pues hasta antes del acuerdo del 5 de junio estaba prohibido gastar en desayunos.
Con estos cuestionables actos de los integrantes de la Jucopo y de otros diputados de dudoso desempeño y honorabilidad, esta legislatura sigue haciendo los méritos necesarios para convertirse en la peor de la historia de San Luis Potosí.
