Por Victoriano Martínez
La semana ha comenzado con dos exhibiciones sobre la forma en que los poderes Legislativo y Judicial dejan claro el poco interés en trabajar a favor de que se aplique la justicia: los diputados al evadir cumplir una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los jueces del caso Alejandro N. al suspender una vez más las audiencias del juicio en perjuicio de la víctima.
La determinación del Congreso del Estado para no sancionar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por violar la veda electoral durante el proceso de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador incluye también la omisión de sancionar que cometió promoción personalizada, vulneró el principio de imparcialidad y usó indebidamente recursos públicos.
No es la primera vez que Gallardo Cardona incurre en promoción personalizada y desvío de recursos públicos, y de eso hay constancia en su registro como servidor público sancionado por parte de la Cámara de Diputados, que lo hizo por orden del mismo Tribunal Electoral luego de intentar evadir sancionarlo.
Los diputados locales han comenzado a recorrer la misma ruta que la Legislatura federal.
“Nosotros solamente podemos hacer lo que nos mandata la Ley, no podemos ir más allá, ni podemos inventarnos procedimientos, por lo tanto, considero que la votación fue correcta y adecuada”, aseguró José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Quizá le faltó echarle una leída a la Ley de Juicio Político estatal para que encontrara que para uno de los puntos por los que el Tribunal Electoral pidió sancionar existe una vía: “El Gobernador del Estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, sólo podrá ser acusado por: (…) IV. Por el manejo indebido de fondos y recursos públicos” (artículo 8, fracción IV).
No tenían por qué inventar procedimientos, como dijo Martínez Fernández, cuando el Tribunal señaló claramente “uso indebido de recursos públicos” y existe toda una Ley para aplicar la sanción, máxime que se trata de un desvío con el que además se viola el artículo 134 de la Constitución General de la República y el 135 de la Constitución Política del Estado.
El siguiente paso, en la ruta similar a la tomada por la legislatura federal, será ver si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –a diferencia de lo ocurrido con la sanción a Gallardo Cardona por la Legislatura federal– les acepta el pretexto de no contar con vías para la aplicación de la sanción.
Si el Poder Legislativo evade el cumplimiento de una sentencia de un Tribunal, en el caso del Poder Judicial del Estado los jueces del caso Alejandro N. (Francisco Pablo Alvarado Silva, Carlos Alberto Ávalos Hernández y Javier Pérez Contreras) insisten en aplazamientos que favorecen a la defensa en detrimento de la protección del interés superior de la niñez, personificado en la víctima.
Astrolabio Diario Digital pudo confirmar, a través de distintas fuentes, la cancelación de la audiencia de presentación de testigos en el juicio contra Alejandro N. programada para este martes, luego de que el jueves pasado se difirió porque los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado se percataron en plena audiencia de “otro compromiso” que se les empalmó.
La audiencia se reprogramó para el jueves 1 de septiembre con avisos fuera de protocolos formales que incluso llegaron a generar la sospecha de que pudiera tratarse de una maniobra para impedir que la representación de la víctima se presentara. No se argumentó ningún motivo para el aplazamiento.
Se trata del aplazamiento número 18 en el juicio desde que Alejandro N. fue vinculado a proceso y nuevamente empata con una circunstancia que aparentemente tuvo que corregir la defensa.
En la audiencia del 18 de agosto, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), sin aviso previo ni justificación, sustituyó a su enviado a representar a la víctima a pesar de que quien se incorporó el 2 de junio realizó una buena defensa y logró exhibir las contradicciones de los testigos de Alejandro N. encaminadas a responsabilizar a la victima de lo que le pasó.
Cuando la CEEAV sustituyó a su representante el 2 de junio provocó el aplazamiento del juicio por un mes, lo que generó sospechas sobre colusión entre los funcionarios de la Comisión y los abogados de la defensa para favorecer a Alejandro N. con un objetivo que lograron: que la víctima llegara al juicio con su mayoría de edad cumplida.
A casi tres meses, pareciera que el profesionalismo con que se condujo aquel representante resultó inesperado y un estorbo para la defensa de Alejandro N. y nuevamente sus defensores y los funcionarios de la CEEAV operaron para un nuevo relevo, ahora sin plazo para conocer el expediente y con intervenciones de cinco palabras: “No hay preguntas, su señoría”.
Una cadena de determinaciones favorables a Alejandro N, con un trío de jueces condescendientes, que prefieren someter a juicio a la víctima y buscar justificar la liberación del inculpado, así tengan que pasar por encima del interés superior de la niñez y sumen un agravio más contra la víctima, de por sí violentada desde su infancia por las instituciones del Estado.
Un inicio de semana con dos ejemplos sobre la forma en que en San Luis Potosí la justicia opera para favorecer a los poderosos. Y puede hacerlo porque a la sociedad la han hecho perder su capacidad de indignación.
