Fernanda Durán
La justicia es pronta y expedita, pero no se traduce en inmediatez, así lo expresó Urenda Queletzú Navarro Sánchez ante la inquietud por parte de integrantes del Consejo Directivo Universitario (CDU) para darle celeridad a los casos de violencia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Tal y como se acordó en sesiones previas del CDU, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios fue citada para explicar las razones de la demora en resoluciones sobre casos de violencia que se atienden al interior de la institución, por lo que detalló los plazos con los que cuenta la institución para su desahogo.
De acuerdo con Navarro Sanchez, desde 2020 con el Estatuto Orgánico de ese año y el protocolo para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, se había fijado un período de ocho meses, prorrogables a dos meses más, para el desahogo de los actos de investigación aplicados en la mayoría de los procesos como un mecanismo de medida, especialmente a los casos por violencia de género.
Sin embargo, con la reforma al nuevo estatuto, se estableció que para el resto de casos primero se abrirá un proceso de mediación al momento de recibir las quejas para definir acuerdos entre las partes, el cual suele tardar entre tres y cuatro meses. Si no es posible realizar la conciliación, se inicia el procedimiento de investigación en el que cuentan con seis meses que se puede prorrogar hasta dos meses más, es decir, ocho meses para determinar si hay una en el caso.
Finalmente, se reanuda en una subetapa de 20 días para la emisión de la recomendación.
La titular de la Defensoría precisó que estos plazos pueden extenderse debido a nuevos hechos conocidos en la investigación o juicios de amparo tramitados por los involucrados ante el Poder Judicial de la Federación.
“Ustedes conocen cerca del uno por ciento de los casos que se tramitan en la Defensoría este consejo es decir, el 99 por ciento de los casos ustedes no los conocen. Los demás son resueltos mediante las instancias y mecanismos internos que tiene la Defensoría y los que ustedes han conocido que han recaído en quizá un año y medio, dos años, en muchos de los casos obedece esto”, señaló.
Navarro Sánchez presumió que desahogan los procesos de investigación más rápido que otras instancias, ya que han registrado casos en los que la víctima ha denunciado a la par en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, pero las otras instituciones no dan respuesta incluso cuando la Defensoría ya cerró los procesos de investigación.
Aunque la comunidad universitaria espera que la Defensoría sancione, aclaró que este órgano únicamente se encarga de la investigación, mientras que las etapas de instrucción y apelación transcurren a cargo de la comisión de justicia universitaria o el CDU, siendo el último recurso interno dentro del procedimiento administrativo sancionador, “pero es un procedimiento que puede tomar meses”.
