Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado, desde el arranque, a la actual Legislatura es la forma sistemática con que viola el artículo 18 de las leyes general y estatal de Transparencia.
“Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, les ordenan ambas legislaciones.
Los diputados se repartieron las comisiones y la asignación de cargos directivos en el Congreso del Estado sin dejar un solo expediente, reporte, estudio, acta, resolución, oficio, correspondencia, acuerdo, directiva, directriz, circular, contrato, convenio, instructivo, nota, memorando, estadística o cualquier otro registro que documentara cómo determinaron esa distribución.
Fue el primer ejercicio de sus facultades, competencias o funciones que volvió cómplices a los distintos grupos parlamentarios y, de ahí para adelante, se abrió el camino para olvidarse de su representación y de sus promesas de campaña.
El sello de la LXII Legislatura: vivir en la apariencia para hacer sólo un discurso de la transparencia.
Y tan la transparencia no es más que apariencia, que el pasado 29 de noviembre nombraron a Dora Hilda Gandy Romero, Edith Fabiola Reséndiz González, Juan Antonio Gallardo Trejo, Jonathan Iván Gámez Juárez y Martín Beltrán Saucedo como integrantes del Consejo de Transparencia sin que a la fecha hayan dado una sola señal de existencia.
A tres meses de su nombramiento, no hay indicios de que vayan a cumplir con la fracción XI del artículo 13 del Reglamento del Consejo de Transparencia del Congreso del Estado, mucho menos de las otras 13 fracciones de ese mismo artículo.
Nombrar un Consejo, de entre 18 candidatos, que incumpla con su obligación de vigilar la labor legislativa, administrativa y de transparencia del Congreso, y formular las observaciones que juzgue procedentes apunta a una selección a modo con fines de una muy mala simulación.
Cuando menos pudieron hacer como que el Consejo les hacía observaciones y como que las atendían.
En la Legislatura pasada, el Consejo de Transparencia llegó a informar en rueda de prensa de la presentación de una denuncia por la falsificación y un acta de la Junta de Coordinación Política y denunció como ilegal la entrega de ayudas por parte de los diputados por no estar dentro de sus facultades.
Ni en la relación de actas publicadas en el apartado de transparencia del Congreso del Estado correspondientes a los meses de diciembre y enero pasados aparece una sola del Consejo de Transparencia.
Si no se ha reunido, malo. Si se ha reunido y no ha levantado actas, igualmente malo, pues estarían siguiendo los mismos pasos de quienes los seleccionaron: violar el artículo 18 de las leyes general y estatal de Transparencia.
…y de paso confirman que todo lo que tocan los actuales diputados tiene tufo de simulación que oculta inconfesables complicidades… ¡y quién sabe qué tantas cosas más!
