Estela Ambriz Delgado
El problema de movilidad que existe en San Luis Potosí es complejo, por lo que requiere coordinación de diferentes instancias, así como involucrar a la ciudadanía y conocer hacia dónde se mueven, pues se elaboran leyes y políticas públicas desde la comodidad de una curul o un puesto sin conocer la realidad de las personas, así lo consideró el investigador social Jorge Damián Morán Escamilla, del Colegio de San Luis (Colsan).
Respecto a las propuestas de Ley de Movilidad que se encuentran congeladas en el Congreso del Estado, el catedrático puntualizó que para dar solución a la problemática es necesaria la intervención de diferentes sectores e instancias, pues además de la seguridad vial, también concierne al desarrollo urbano, el trabajo y la educación.
“Necesitarían intervenir una serie de instancias que se coordinen, pero en México no hay una coordinación. Ese es el primer punto, entonces se antoja complicado (…) no necesitas tampoco una gran inversión, sino que ya tienes incluso ahí la infraestructura, pero tampoco hay una voluntad política”.
Morán Escamilla indicó que el Colsan ya ha señalado a las y los legisladores que se requiere inversión en transporte público y, previamente, reconfigurar las rutas con los resultados que arrojen encuestas de origen-destino, las cuales permiten saber hacia dónde hay mayor necesidad de transporte, ya que es erróneo que todas las rutas lleguen a la Alameda Central Juan Sarabia.
Asimismo, dijo que no se debe privilegiar solamente un tipo de transporte, pues además del público es necesario considerar el uso peatonal y otros vehículos como bicicletas y motopatines, por lo que no es una cuestión que se resuelva con una medida específica porque tiene que ver también el tema cultural, y que estos otros caen en imprudencias y accidentes como los vehículos automotores.
“Para construir una ciudad tienes que construir ciudadanía y esa parte implica que la ciudadanía se involucre, también porque el gran problema de estas leyes es que se construyen desde arriba, desde la comodidad de un puesto, de una curul, que desconoce la realidad de la persona que se tiene que mover (…). Necesitamos saber las personas hacia dónde se están moviendo”.
El crecimiento de la Zona Industrial ha agravado el problema
De acuerdo con cifras expuestas en el foro de diálogo sobre las propuestas de Ley de Movilidad para el Estado realizado por el Colsan, el 50 por ciento de la ciudadanía del estado se encuentra en la capital; de esta, el 60 por ciento de la población económicamente activa se mueve hacia la Zona Industrial, lo que ha derivado en el congestionamiento de la carretera 57, así como constantes accidentes en los que están involucrados el transporte de personal y diversas complicaciones por el tránsito en las zonas donde habitan los trabajadores.
En este sentido, la ciudadanía exige que la industria apoye para contar con mejores vías y garantizar un transporte público seguro a sus trabajadores, así como las condiciones idóneas para los operarios, así como aminorar las complicaciones que genera el tránsito de los autobuses de personal.
Sin embargo, como lo señaló Morán Escamilla, las empresas, con las que el Colsan ha tenido acercamiento, consideran que el transporte público es una obligación del municipio y del estado, pues para ello es que pagan sus impuestos que, en términos de competitividad global, no son tan bajos como en el Sureste Asiático.
Al respecto, el investigador social consideró que el transporte público y las concesiones son responsabilidad de los gobiernos estatal y municipal, por lo que en el contexto actual de campañas políticas, la ciudadanía debe exigir se dé solución a la movilidad y dar seguimiento al trabajo que realicen las autoridades electas.
