Fernanda Durán
Julia Díaz Márquez, representante del colectivo Ley Sabina a nivel nacional y encargada en el estado de San Luis Potosí, ha expresado sus preocupaciones sobre la implementación de esta legislación en la entidad al señalar que la aplicación de la Ley Sabina en el estado ha sido “fatal”, además de las deficiencias y retos que enfrenta el proceso.
Explicó que la Ley Sabina, diseñada para proteger a las infancias y a los tutores de deudores alimentarios morosos, busca mejorar la transparencia y efectividad en el cobro de pensiones alimenticias, pero a pesar de contar con un padrón de deudores alimentarios ya inscrito, la información sigue siendo privada, lo que limita su impacto y visibilidad pública en San Luis Potosí.
“Lo que marca la ley, que ya se mandó a congresos, es que sea público por lo mismo de que evidencias la violencia vicaria que se ejerce hacia la madre, también como ya no podrían ser acreedores a la INE, pasaportes, todas las modificaciones necesarias que acreditaría”.
Díaz Márquez criticó la falta de avance en la aplicación de la ley debido a que la situación se ha visto agravada por la resistencia del Poder Judicial, pues uno de los pocos avances ha sido la reducción del tiempo de espera para la inscripción en el buró de deudores alimentarios, de seis a tres meses, aunque aún persisten problemas con la efectividad de esta medida.
“Tenemos muchos violentadores, vicarios y morosos alimentarios en el ámbito del Poder Judicial, sinceramente, que han sido encubiertos y lo que se ha tratado ahorita en el estado es tratar que se visualice esto y que se implemente lo que es la Ley Sabina como tal, pero hasta el momento no hemos tenido diálogos sinceramente”.
El colectivo ha mantenido cercanía con Morena, por lo que Díaz Márquez tiene la esperanza de que con la mayor representación del partido en la próxima legislatura y el apoyo de algunos diputados, como la diputada Lidia Vargas, se pueda avanzar en la implementación de la Ley Sabina.
Detalló que uno de los objetivos es hacer público el buró de deudores alimentarios y establecer protocolos para proteger a las infancias y madres afectadas.
Además, destacó la necesidad de reformas adicionales, como la notificación a futuros cónyuges de los deudores alimentarios para aumentar la visibilidad de las violencias vicarias y prevenir nuevas situaciones de injusticia.
