Por Victoriano Martínez
Habrá quién lo pudiera considerar como una especie de déjà vu, aunque por mucho que parece una experiencia que se siente como si ya se hubiera vivido, la ruta que sigue la desincorporación de 30.26 hectáreas de áreas ejidales de uso común para un libramiento que atravesará el Ejido La Pila se asemeja al intento de entregar mil 888 hectáreas a grupos económicos.
En ambos casos se dieron asambleas simuladas en las que se acordaban las autorizaciones para la desincorporación de las tierras, aunque en un caso por la vía de incorporar a una larga lista de empresarios como ejidatarios y avecindados y en el otro a través de autorizar al comisariado ejidal para convenir la “venta” de los terrenos.
Asambleas simuladas que necesariamente tuvieron que contar una secuencia de actos de corrupción que las hicieran posibles con miras a concretar y “legalizar” el despojo en perjuicio de los ejidatarios.
Un intento empresarial por apropiarse de mil 888 hectáreas para la construcción del parque industrial más grande de América Latina con implicaciones no sólo en dejar sin sus tierras a los ejidatarios, sino también las repercusiones ambientales y, sobre todo, de consumo de agua cuando se enfrenta una crisis hídrica.
El otro intento por ocupar 30.26 hectáreas para completar un libramiento con dedicatoria especial para la distribución de vehículos producidos por la BMW, en una maniobra más que despoja a los ejidatarios a cambio de un pago mínimo para privilegiar las actividades industriales.
En los dos casos, un grupo de ejidatarios inconformes y con planteamientos y proyectos alternativos para el desarrollo de su ejido documentaron las irregularidades de los intentos de desincorporación de sus tierras y promovieron los juicios agrarios encaminados a impedir que los actos de corrupción permitieran la mutilación de su territorio.
El caso de las mil 888 hectáreas provocó la revelación de una confabulación de funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) con el grupo empresarial, al grado de exhibir la forma en que uno de sus funcionarios, en desacato a determinaciones de sus oficinas centrales, acudió a una de las asambleas simuladas para intentar darle legitimidad.
Como desenlace, las denuncias sobre los actos de corrupción, los intentos por registrar las actas de la asamblea en el Registro Agrario Nacional (RAN) y las quejas de los ejidatarios ante las oficinas centrales, tanto de la Procuraduría Agraria como de los Tribunales Agrarios desembocaron en la destitución de sus representantes en el Estado.
En junio de 2022, fue destituido el titular de la Procuraduría Agraria, Ernesto Rendón Aguilar. Tres meses después, Juan Rodolfo Lara Orozco, magistrado de Tribunal Unitario Agrario (TUA) en el Estado, fue removido.
En el caso de la frustrada desincorporación de 30.26 hectáreas para el libramiento, la ruta ya ha pasado por las asambleas simuladas, la documentación de los actos de corrupción que las hicieron posibles y las denuncias a través de juicios agrarios, y acaba de entrar en la etapa de exigir la intervención de las oficinas centrales de las mismas dependencias.
Como paso previo, ejidatarios de La Pila cuestionaron al representante local de la Procuraduría Agraria (PA) por haber avalado el convenio de ocupación previa en 30 hectáreas ejidales con la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), S.A. de C.V, sin haber revisado a fondo el mismo.
Este miércoles 10 de enero, le presentaron a Luis Hernández Palacios, procurador Agrario Nacional, la documentación con la que acreditan sus acusaciones de actos de corrupción por parte de funcionarios de su representación local, además de la intervención de servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT).
Prácticamente está por completarse la misma ruta del caso de las mil 888 hectáreas y, por tanto, por conocerse si en esta ocasión también habrá destituciones que, dado el caso, simplemente seguirían la misma secuencia lógica.
Que se dé esa secuencia es lo realmente alarmante. El acoso de intereses industriales e inmobiliarios contra ejidos y comunidades parece contar todavía con aliados desde las instancias agrarias.
Si en el caso del ejido La Pila un grupo de ejidatarios luchan por evitar el despojo con algunos resultados favorables, ¿qué tanto podrá estar pasando en el resto de los ejidos y las comunidades que hay en el Estado?
