Leticia Vaca
De al menos 17 agresiones en contra de periodistas en la entidad que ha documentado la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosinas de 2019 a la fecha, en 15, las y los violentadores han sido funcionarios públicos, se reveló en el Conversatorio “Propuestas de Modificación y Observaciones al Proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” .
En el conversatorio se analizaron algunos puntos de las iniciativas presentadas por el diputado Edgardo Hernández Contreras y el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, mismas que, al tener un vínculo, se decidió dictaminar en conjunto.
Al respecto, Lucía Lagunes Huerta, directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), indicó que, a nivel nacional, de las agresiones en contra de periodistas y personas defensores de derechos humanos, en el 60 por ciento las agresiones son cometidas por funcionarios estatales y municipales.
En cuanto a las observaciones que hizo a la propuesta de ley que está en análisis en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, observó que no se define quién sería la máxima instancia en las estructuras que se plantean.
“Porque están planteado dos niveles, el mecanismo de protección y la unidad de derechos humanos; sin embargo, la unidad de derechos humanos es la responsable del análisis de riesgo y del primer plan de protección, que luego pasa al mecanismo de protección, donde no se define cuál es el papel y la función de uno y otro”.
Además, señaló que CIMAC no coincide en que los estados desarrollen sus propios mecanismos de protección, pero “sí coincidimos en que tiene que haber una instancia a nivel de Gobierno que permita la vinculación directa con el mecanismo federal y que permita que los planes de protección y las reacciones inmediatas puedan ejecutarse de la mano con las entidades federativas”.
En la propuesta, agregó que se plantea que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sea la institución encargada de realizar los análisis de riesgo: “nos preocupa que la lógica, sea una lógica de seguridad y no una lógica de protección de derechos humanos. Las medidas están pensadas en esta lógica de seguridad; chalecos antibalas, etc, cuando lo que tenemos comprobado es que las agresiones tienen una gama muy amplia”.,
En este sentido, explicó que no solamente son agresiones físicas, incluso hay procesos judiciales en contra de defensores de derechos humanos y periodistas, “que el chaleco antibalas no les va a funcionar”.
Doble riesgo para las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos
En cuanto a la violación ejercida en contra de mujeres periodistas y defensores de derechos humanos, desde CIMAC, dijo, se ha constatado que las agresiones son principalmente a través de campañas de desprestigio y de difamaciones en las redes sociales.
“Me parece que es fundamental que miremos esta condición de desigualdad que enfrentan al momento de ejercer la tarea de periodismo y la tarea de de defensa de derechos humanos (…) un doble riesgo, el riesgo que conlleva tener una sociedad machista, sexista, misógina que se potencia cuando se encuentra en contexto de alta agresión”, añadió.
Lagunes Huerta también puntualizó que las agresiones se han ido complejizando, porque muchas veces las personas defensoras y periodistas se enfrentan a diferentes tipos de violencias: física, psicológica, patrimonial procesos judiciales, “que hacen más compleja la respuesta que tiene que dar el estado para garantizar la integridad de las personas”.
En opinión de Itzia Miravete Veraza, representante de la organización Artículo 19, las iniciativas se pueden enriquecer, porque “legislar va más allá de enviar un mensaje, de que estas agresiones no se van tolerar, más que la protección, es importante la prevención”.
En el dictamen de las iniciativas, mencionó que si bien se habla de la partición de periodistas y de la integración de personas de organizaciones de la sociedad civil y “las personas defensoras de derechos humanos no solamente están en organizaciones de la sociedad civil, también son las madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, personas de comunidades indígenas”.
Para garantizar la protección con perspectiva de género, interseccional e intercultura, sugirió la ampliación de quienes pueden ser consideradas como personas defensoras de derechos y “no solamente se suscriba a quienes forman parte de organizaciones de la sociedad civil”.
Miravete Veraza sugirió que la voluntad para que las propuestas de ley realmente beneficien a la personas defensoras de derechos humanos y periodistas de San Luis Potosí, debe ser desde “una política pública para el estado de San Luis Potosí, donde también la Fiscalía se involucre y participe en la capacitación del protocolo homologado y lo implemente”, así como la verdadera independencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “para investigar violaciones cometidas contra periodistas y personas defensoras, es clave, si estas sanciones se plasman en esta ley, se estaría recorriendo más de la mitad del camino para garantizar un entorno seguro”.
