Antonio González Vázquez
Este martes se celebra el Día Internacional de la Mujer y es ocasión para que desde los tres niveles de gobierno surjan elogios sin fin, discursos floridos y la mar de ofrecimientos de dar a la mujer lo que ella merece. Sin embargo, los datos y estadísticas que acompañan la efeméride anual, nos dicen que no cambia nada y que los discursos y promesas solo son eso, algo para olvidar.
En el caso de la mujer que vive en el campo, la mujer rural, la mujer indígena, la jornalera, la realidad es más cruda y sus condiciones de rezago tan históricas como injustas.
La organización social denominada Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, ofrece un panorama que no deja de ser negro respecto de la situación de las mujeres en el país.
En México sólo existen doce programas, a nivel federal, que atienden la problemática de la mujer y de ellos, tres están enfocados a la mujer rural, campesina e indígena, población que supera los 14.1 millones de habitantes. Peor aún, únicamente tres de cada 100 mujeres son empleadoras, de micro y pequeñas empresas.
La situación es grave, por ejemplo, en 2015, las mujeres ocupadas en la zona rural del país sumaron apenas poco más de tres millones, lo que representó 16 por ciento del total de población femenina ocupada a nivel nacional como lo reconoce el Instituto Nacional de la Mujer.
Pese a eso, dependencias del gobierno federal como Economía, Desarrollo Social y Agricultura sólo aplican programas focalizados para la mujer rural e indígena (Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora; Programa Oportunidades y Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales), mismo que no se escaparon del recorte presupuestal más reciente.
Las cifras demuestran que de las mujeres ocupadas en localidades rurales, 18.2 por ciento lo hacen en las actividades agropecuarias (agricultura, ganadería, silvícola y/o caza y pesca); 24.5 por ciento son comerciantes; 18.7 por ciento trabajaban en la manufactura y 38.1 por ciento en servicios diversos.
Otros datos de la UFIC: del total de las mujeres rurales ocupadas, 17 por ciento no reciba ingresos por su trabajo; 31 por ciento hasta un salario mínimo; 28% por ciento entre 1 y 2 salarios mínimos y aproximadamente 20 por ciento gana más de 2 salarios mínimos.
En materia de salud, 35.4 por ciento de las mujeres rurales no cuentan con cobertura de servicios de salud frente; en educación, la proporción de mujeres analfabetas en las zonas rurales es 3 veces mayor que en las zonas urbanas; mientras que en empleo, la tasa de participación económica de las mujeres rurales del país es de 31.3 por ciento.
Esa organización social critica a pesar de que se pregona la “democracia” y la “equidad de género”, la mujer rural e indígena ni siquiera aparece en las curules del Congreso de la Unión por lo que es momento de visualizar estadísticas y propuestas de solución para empoderar a este sector.
Entre tanto, de acuerdo a datos expuestos por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Publicas Sociales en México (CONEVAL) en 2014, 61.1 por ciento de la población rural del país vivía en situación de pobreza, frente a 41.7 por ciento de la urbana.
Además, 20.6 por ciento de los habitantes del campo vivía en pobreza extrema, mientras que esta situación sólo afectaba a 6.2 por ciento de los residentes de áreas urbanas; 92.8 por ciento de la población rural tenía al menos una carencia social y 46 por ciento enfrentaba tres carencias sociales, en tanto que en las zonas urbanas la población que presentaba iguales circunstancias fue de 66.3 y 14. 33, respectivamente
