Abelardo Medellín Pérez
La participación de la ciudadanía en asuntos públicos que les competen, afecta o potencialmente podrían mejorar su contexto es una actividad indispensable para todo Estado democrático y sano, pero ¿qué pasa cuando la participación deja de ser para la comunidad y se vuelve un instrumento de las cúpulas políticas?
Este miércoles 12 de junio, el gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la creación de un nuevo brazo político al servicio del gobierno que denominó Comités del Apoyo Total; según dijo, estos comités se encargarían de, desde las colonias, decidir qué obras realizará el gobierno y además tendrán la potestad de decidir a qué personas se les otorgarán becas y programas sociales.
La propuesta supone una nueva oportunidad tan positiva para la ciudadanía, que uno no creería que la pensó este gobierno. Prácticamente el gobierno crearía grupos de ciudadanos que, organizados de manera autónoma, tomarán las decisiones respecto a las prioridades que tienen sus colonias en lo que refiere a obras públicas.
Esto pareciera ser un excelente simulacro de la participación ciudadana que las ciudades en crecimiento constante y con problemas cada vez más complejos han pedido por años.
Lamentablemente lo que subyace en esta propuesta no deja dudas de que la intención no es abrir el gobierno a la ciudadanía, sino separar a la ciudadanía para beneficio del Estado.
Cuando la población de un Estado vota y otorga el poder a un proyecto político, el contrato social firmado entre la ciudadanía y sus instituciones supone que el gobierno se hará cargo de atender las necesidades que, por la complejidad que supone su atención, no puede resolver uno o diez ciudadanos.
Al devolver a los ciudadanos de tajo y sin mediar normativa, la posibilidad de decidir sobre las obras de gobierno, básicamente la administración de Gallardo Cardona se excusa de esa responsabilidad primigenia que justifica su cargo. Si el ciudadano va a poder decidir dónde se pone la siguiente calle a través de un organismo autónomo, ¿para qué queremos gobierno y protocolos?
El otro problema reside en la personalidad individual de cada actor. En la teoría, el gobierno es un ente impersonal, nosotros no tenemos un “padrino”, tenemos un gobernador, y el gobernador no es una persona, es una investidura que, quien la porte, debe respetar sus alcances. Gallardo, Juan Manuel Carreras, Toranzo, todos son la misma institución, pero en diferente persona. ¿Al gobernador actual no le gustan sus antecesores?, pues mal por él, que vaya y se queje en su casa, pero en palacio, él es la representación de la institución que en su momento también fueron aquellos hombres.
Ese carácter impersonal es justo lo que debería dotar de imparcialidad a las decisiones del gobierno; si una población, municipio o comunidad necesitan atención, el gobierno debería intervenir sin importar si las autoridades de dichos sitios son opositoras o detractoras del partido que llevó al gobernador al poder.
Ahora, sabemos que Gallardo Cardona no puede separarse de su inflada personalidad, por eso vemos los embates de su gobierno contra las administraciones de Matehuala o el rencor criminal que tuvo en casos como el de las obras de San Miguelito; pero, si el gobernador no pudo separarse de su ego, ¿qué le hace pensar que un ciudadano, sin representar a la comunidad, sino solo a su calle, podrá hacerlo?
Cuando uno activa un mecanismo de participación ciudadana, claro que la esperanza es que todos actúen de buena fe; el problema es que cuando haya una disputa entre vecinos, cuando un presidente de comité decida que la primer calle en ser arreglada será la suya, cuando el comité omita atender problemas de una calle que han marginalizado por puro prejuicio, cuando pidan algo que solo beneficia a los que participan y podría afectar a quienes no participaron, ¿con qué derecho se va a juzgar a dichos ciudadanos si ellos, a diferencia del gobernador, no están investidos con la responsabilidad de representar a otros?
No por lo dicho arriba decimos que abrir el gobierno a la participación ciudadana es un error, al contrario, San Luis Potosí requiere más y mejores mecanismos de este tipo; pero tal como se lee, faltan “mecanismos”, procedimientos, protocolos, no ocurrencias para organizar a diez personas y dotarlas del mismo poder convenenciero que ostenta Gallardo Cardona.
Aun con lo dicho, lo realmente preocupante es pensar que el gobernador lo que busca es incrementar su presencia en las colonias.
Durante la presentación de estos comités, el gobernador afirmó que sus operadores políticos de programas sociales no podrán formar parte de este mecanismo, pues ellos ya trabajan como enlaces entre la SEDESORE y la ciudadanía.
Algunos podrían pensar que eso es una decisión que mantiene autónomos a los comités y los alejan del clientelismo que se mueve desde la SEDESORE; la consecuencia real, es que ahora no tendremos un grupo de operadores políticos en las colonias, ¡ahora tendremos dos grupos de operadores en las calles de nuestras ciudades!
Por un lado, tendremos a los operadores de la SEDESORE que se encargarán de jinetear loas becas alimentarias (despensas) además de otros programas y por el otro lado tendremos a los integrantes de los Comités del Apoyo Total que van a aprovechar las obras de gobierno como un medio para extorsionar la voluntad política de sus vecinos.
¿Cuánto tiempo va a tardar para que veamos grupos de WhatsApp en los que nuestros compañeros colonos nos digan: “oigan, no se les olvide ir al evento del gobernador, va a venir a inaugurar la calle que pedimos”?, ¿cuántos de los ciudadanos que integren estos comités se darán cuenta que esta es solo otra forma de acarrear personas a eventos personalistas y comenzar a planchar el terreno para el 2027?, ¿cuántos de estos nuevos comités no se convertirán en semilleros para encontrar a los nuevos operadores electorales que la sucesión Gallarda va a necesitar dentro de tres años?
La participación activa de la ciudadanía no solo es necesaria, es indispensable cuando se construye ciudad, pero la intervención abusiva del gobierno y la simulación de mecanismos de participación ciudadana, no es más que un insulto a la buena voluntad de algunas personas que de verdad quieren un cambio.
El gobernador primero ofreció becas, ahora ofrece obras a cambio de dividir a la población y fingir que nos da el control; tenemos la obligación de rechazar estas propuestas artificiales y exigir mecanismos reales, de eso dependerá que tanto poder obtendrán ellos y qué tanta civilidad logramos mantener nosotros.
