Fernanda Durán
Michelle Bachelet, comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió que el uso de las Fuerzas Armadas se utilice solo de manera excepcional en tareas de seguridad pública, ante la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de pasar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La alta comisionada de la ONU hizo un llamado para mantener la “naturaleza civil, consagrada constitucionalmente” de la Guardia Nacional.
“Asegurar el carácter civil de las corporaciones de seguridad y en que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es excepcional, un último recurso de carácter temporal y fiscalizado por órganos civiles independientes”, describe el comunicado del portavoz de la alta comisionada.
Debido a la creciente militarización de funciones civiles básicas, la alta comisionada supone un debilitamiento de la institucionalidad democrática, por lo que pone a disposición del Estado Mexicano asistencia técnica para fortalecer las instituciones civiles.
Dicha acción se encuentra relacionada con el convenio firmado en noviembre de 2019 entre el Gobierno Federal y la Oficina del Alto Comisionado de las ONU-DH, para que se asistiera al Gobierno respecto a la, entonces, naciente Guardia Nacional en materia de Derechos Humanos y operación.
Por otra parte, López Obrador confirmó su intención de que los marinos y soldados intervengan para “atender el principal problema del país, la inseguridad”, tras ser cuestionado sobre un artículo transitorio en la Reforma Constitucional de la Guardia Nacional que establece que ambas figuras deben regresar a los cuarteles en 2024.
“Sí, que se pueda constituir la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de Defensa, pero que también, además de sus funciones sustanciales, tanto Marina como Defensa contribuyan y apoyen en labores de seguridad pública”, respondió el mandatario.
Aclaró que lo “ideal” sería a través de una Reforma Constitucional, no obstante, señaló que debe “buscarle la forma” debido a que los partidos de oposición se encuentran en una “moratoria constitucional”.
