Por Victoriano Martínez
A los servidores públicos que aún confían en que ocultar información les servirá para actuar a discreción, evadir procedimientos y responsabilidades y, en términos coloquiales, obtener beneficios porque pueden salirse con la suya se les olvida que –por extraño que parezca– la opacidad también le presta un servicio a la sociedad: los pone como sospechosos de corrupción.
La parte oscura del derecho de acceso a la información pública, es decir, la actitud de quienes se refugian en no respetar ese derecho para su conveniencia, pone de relieve la importancia de que se haga efectivo.
Y lo hace porque en tanto haya más transparencia en todos los procedimientos de la administración pública aumenta la garantía de que en los casos de la toma de decisiones, la adjudicación de una obra o la determinación de una compra se cumplieron las disposiciones legales y, sobre todo, se privilegió el beneficio común.
La determinación de una obra y no otra, la compra de determinados insumos, la decisión sobre un proveedor y no otro, son procedimientos sobre los que no basta el dato final sobre la empresa favorecida y el monto de la operación.
El desglose de la información que se debe difundir de oficio sobre ese tipo de determinaciones en la fracción XXXIV del artículo 84 de la Ley de Transparencia estatal resulta muy descriptivo de lo que se previó en la norma para garantizar que cualquier persona pueda verificar que no hubo irregularidades que antepusieran intereses particulares al interés general.
En consecuencia, el incumplimiento de tal disposición es un indicador indudable de que quien opta por ocultar esa información evita una verificación pública sobre la que teme que se pueda detectar que algo no hizo bien, sea por negligencia o por dolo, variantes de los niveles de corrupción.
La actual administración estatal, en sus primeros nueve meses se ha caracterizado por no dar a conocer la información completa en torno a los contratos de obras y adquisiciones promocionadas como acciones sin precedentes en una gestión gubernamental en el Estado, pero que parecen no soportar la prueba de la publicidad, pues se incumple la ley al no publicar la información obligatoria.
Un precedente de sospecha que –con lo poco que ha comenzado a fluir en la Plataforma Estatal de Transparencia sobre algunos contratos de obras, servicios y adquisiciones– las dudas se hacen mayores si se piensa en la opacidad que cubre la información sobre las grandes obras y adquisiciones.
Al menos siete dependencias estatales han entregado contratos por 21 millones 486 mil 823 pesos a la empresa Rupa Edificaciones del Potosí, S.A. de C.V., con la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), Juan Ignacio Segura Morquecho, tienen vínculos.
Un tufo de favoritismo en obras y adquisiciones que no pueden considerarse tan menores por el monto acumulado, pero que –cual muestra de la forma de proceder– vuelve urgente que se haga pública toda la información sobre casos como las obras en los parques Tangamanga, la adquisición de patrullas, las rehabilitaciones de carreteras y avenidas, remodelaciones de oficinas, etcétera.
Ser tan abiertamente opaco y simular transparencia con la publicación sólo de algunos contratos entre los que no figuran los de las grandes y tan promocionadas obras y adquisiciones, y que en esos pocos sea posible observar indicios de favorecer intereses particulares, vuelven a la opacidad con gallardía un elemento alarmante para la sociedad.
Una alarma que podría ser considerada secuela que no debe ignorar como antecedentes el desvío de 209 millones de pesos descrito por el juez en el amparo que liberó a Gallardo Cardona en 2015, el caso Sandra Sánchez Ruiz, la demanda de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República y las mil 843 irregularidades en el Ayuntamiento 2015-2018.
Una opacidad que abre paso a una sospecha que sólo puede ser aclarada con una auténtica transparencia que, si se promete sin cumplir, sólo agrava las dudas sobre el tamaño de las irregularidades.
