Por Victoriano Martínez
Si la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) desapareciera muy pero muy pocos potosinos la extrañarían y, entre ellos, principalmente los altos funcionarios a quienes ha prestado un gran servicio de simulación de transparencia con el que se pretende ocultar la administración más opaca desde que existe ese organismo.
Como organismo garante del derecho de acceso a la información pública, quienes conforman la CEGAIP desde hace mucho tiempo que la desaparecieron y, salvo muy pocas excepciones entre las que no se puede contar a ninguno de los tres integrantes del Pleno, podrían contarse como defensores de la transparencia.
De por sí en los 20 años que está por cumplir el organismo garante es difícil encontrar algún asunto en el que su intervención haya contribuido a que se abriera información pública que alguna autoridad ocultara abiertamente.
En cambio, es muy fácil encontrar asuntos en los que obstaculiza el acceso a la información pública, desde retrasar las resoluciones a los recursos de revisión hasta simular gestiones para hacer efectivos los casos en los que presuntamente ordena la entrega de la documentación requerida, y declara la resolución como cumplida sin el solicitante reciba la información.
En los 20 años de la CEGAIP se han dado casos tan inverosímiles como que los comisionados garantes del acceso a la información emitan consejos y hasta instrucciones a sujetos obligados para que elaboren acuerdos de reserva… para poderlos avalar.
En el actual sexenio, el principal servicio a la opacidad de la administración pública estatal tiene que ver con no tomar ni una sola medida para que se hagan públicos, como ordena la ley, los procesos de licitaciones de adquisiciones y obras.
Si algo le debe el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la CEGAIP es contar con un organismo que, en lugar de agilizar el derecho de acceso a la información pública como ordena la Ley, ha desvirtuado las bondades de la Ley de Transparencia para convertirse en un muro-pantalla de contención del ejercicio de ese derecho.
Dos casos emblemáticos en curso: (1) ordenar con advertencia de multa entregar la información sobre las obras de remodelación del Parque Tangamanga I, y (2) omitir acciones para hacer valer su resolución en el caso del amparo que presentó la SEDUVOP contra una orden similar con relación a la información sobre la remodelación de la FENAPO.
En ambos casos, la CEGAIP dejó sembrada una posible causal de invalidez del acuerdo con que se emitió la orden: no fueron firmados ni por el pleno, ni por algún comisionado, ni por la secretaría ejecutiva del pleno, sino por una secretaria proyectista, cuya facultad podría ponerse en duda.
Llama la atención la poca voluntad de los comisionados para hacer valer sus resoluciones especialmente en el caso del amparo de la SEDUVOP, pues no se duele de la resolución del pleno sobre el recurso de revisión, sino del acuerdo que firmó la proyectista.
Si los comisionados tuvieran voluntad de hacer valer su resolución, ya habrían tomado en el pleno un acuerdo similar al que envió la proyectista y lo habrían notificado a la SEDUVOP, que tendría pocas posibilidades de recurrir a un nuevo amparo.
Una falta de voluntad para hacer valer sus resoluciones que difícilmente se puede desligar de la función simuladora de transparencia que ha caracterizado a la CEGAIP y los actuales comisionados la han llevado a tal extremo que más que falta de voluntad es una mayor complicidad con la opacidad gubernamental.
En su afán de aparentar convicción con la transparencia, recurren a asegurar que “lo solicitado por el hoy recurrente tiene una naturaleza de información pública de oficio, ya que corresponde a las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 84 fracciones XXXIII y XXXIV de la Ley de Transparencia”, pero no toman ninguna medida.
Son los dos ejemplos más visibles en los últimos días de los servicios que la CEGAIP presta a la opacidad gubernamental. Tan efectivo es ese servicio, que sigue sin publicarse la información sobre las licitaciones de adquisiciones y obras, y los solicitantes de información tampoco han recibido la documentación requerida… con total impunidad.
¿Será acaso tal efectividad la que anima a David Menchaca Zúñiga, presidente de la CEGAIP, a encabezar un reclamo de la institución porque el gobierno estatal le adeuda 400 mil pesos del presupuesto del año pasado?
¿Tanto mérito consideran tener los comisionados como tapaderas que acuden a la Secretaría de Finanzas a pedir una ampliación presupuestal de dos a tres millones de pesos? Ante la inutilidad demostrada para hacer valer el derecho de acceso a la información, es difícil pensar que haya otra justificación.
Si la CEGAIP con sus actuales integrantes desapareciera muy pero muy pocos potosinos la extrañarían. Pero ante una CEGAIP desaparecida en los hechos con la complacencia de los altos funcionarios, incluidos los diputados, difícilmente se puede pensar que algún día será un verdadero garante del derecho de acceso a la información pública. Seguirá igual y a peor…
