Por Victoriano Martínez
Aunque podrían parecer estrategias para incrementar la recaudación, los efectos que han provocado son como si las dádivas al por mayor para generar popularidad comenzaran a pesar financieramente más de lo esperado y ahora su costo tiene que salir de algún lado y, al hacerlo, contradicen su presunta intención de apoyar a quien menos tiene.
Además, sus argumentos para presuntas justificaciones formales hablan de lograr simplificar trámites cuando en los hechos desmantelan la razón de ser de los mismos o exhiben que al hacerlo buscan atender la recaudación con el menor esfuerzo… y en ambos casos con costo para el contribuyente.
El pasado 29 de febrero desaparecieron las pruebas de manejo como requisito para obtener la licencia de conducir. La constancia de manejo fue sustituida por una carta compromiso en la que el solicitante en la que el solicitante declara ser apto para manejar un automóvil. El formato de la carta compromiso tenía un costo de 270 pesos.
“Yo creo que le está dando un voto de confianza a la ciudadanía al simplificarlo y generar ahora una carta compromiso, a través de la cual el ciudadano acredita que puede manejar”, dijo el entonces secretario de Finanzas, Omar Valadez Macías.
Quitar la prueba de manejo eliminó el sentido del otorgamiento de la licencia de conductor porque ya no es un documento que acredite que por lo menos se acreditó en una prueba tener capacidad para manejar un vehículo. Cuando se percataron de que el costo de la carta compromiso eliminaba las licencias gratis, decidieron omitir ese cobro.
Para el cobro de la obligatoria renovación de la tarjeta de circulación como parte control vehicular, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona eliminó la clasificación de tarifas para distintos tipos de vehículos y fijó la misma cuota para todos sin distinción, lo que provocó que pague los mismos un automóvil de lujo que una motocicleta y hasta una bicicleta de motor.
“Lo anterior debido a que realizar cada tipo de trámite conlleva los mismos tiempos y disposición de recursos humanos y materiales para llevarlos a cabo”, se afirma en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Hacienda. Una reforma que incremento el costo de varios servicios vehiculares.
“Con estas propuestas se inicia con un proceso de simplificación administrativa y homologación de criterios para brindar mayor claridad en los conceptos de cobro que realiza la ciudadanía”, agrega.
Una simplificación y homologación que provoca que el encargado de la ventanilla de cobro no necesite especificar el tipo de vehículo para aplicarle una tarifa específica porque ahora todos se consideran iguales y perjudica a quienes antes pagaban una tarifa menor.
El efecto: el incremento por ese servicio varía desde un 128.37 por ciento para quienes pagaban más hasta un 2 mil 100 por ciento para quienes pagaban menos.
La mayoría de quienes pagaban menos son personas que, por su condición económica, no podían acceder a vehículo de mayor precio, lo que representa simplificarles el papeleo a los empleados de la Secretaría de Finanzas se traduce en trasladarle un mayor costo a quien menos tiene. La otra cara de “el gobierno que te apoya”.
Les haya ganado el afán recaudatorio o sea genuina la intención simplificadora, el resultado deja muy pocas posibilidades para que los contribuyentes que pagarán entre un 128.37 y un 2 mil 100 por ciento más que el año pasado puedan pronunciar el eslogan propagandístico mi gobierno me apoya.
