Abelardo Medellín
“Cuando hablamos de la violencia hacia las mujeres también hablamos de una pandemia y la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una pandemia con implicaciones a nivel mundial”, destacó Arely Torres-Miranda, activista y promotora de los derechos humanos de las mujeres, sobre los pendientes que tiene el Gobierno de San Luis Potosí en el combate contra la violencia hacia las mujeres, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
Refirió que, en un panorama general, “no se ha alcanzado la meta de reducir los índices de violencia contra las mujeres y la pandemia vino a elevar las cifras”, y en este sentido recordó que recientemente la diputada federal Ernestina Godoy Ramos dijo que los índices de violencia habían disminuido en función del número de denuncias, pero “esto es porque por la pandemia no nos hemos podido transportar a denunciar […] pero esto no significa que las violencias no sigan presentes”.
Torres-Miranda señaló que la violencia hacia las mujeres ha persistido en México, en parte, por las omisiones de los gobiernos que no han emprendido verdaderas acciones que contribuyan a la prevención, además de una desestimación de la atención a las mujeres a través de acciones como la reducción presupuestal a programas que solían ayudarlas.
“A nivel federal vemos recortes impresionantes, recortes que tienen que ver con recursos destinados a la protección y comunidad para las mujeres, pero pues una de las acciones que dejó este Gobierno Federal, fue el recortar los recursos para refugios de mujeres víctimas […] siempre lo hemos dicho, quien no conoce cómo es acompañar una víctima o el grado de desesperación e impotencia que siente una mujer en peligro, pues toma decisiones que afectan el acceso a la justicia”, lamentó.
LAS DEUDAS DE SAN LUIS POTOSÍ
Asimismo, mencionó que para San Luis Potosí la Alerta por Violencia de Genero ha sido el programa emblema de la lucha contra este problema, sin embargo tiene severos pendientes con el grupo que buscaba proteger: “solamente el Gobierno Municipal de San Luis Potosí es quien ha hecho algunas, no todas, de las acciones que se les solicitan en la Alerta de Violencia de Género, pero vamos con otros municipios y no tenemos claros los resultados”.
La activista comentó que, a través de solicitudes de información e investigaciones institucionales hechas por la colectiva Nosotros Tenemos Otros Datos, han constatado que no existen datos públicos sobre cómo han abordado el problema cinco de las alcaldías potosinas que mantienen activa la Alerta de Género (Ciudad Valles, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín): “cuando intentamos acceder a la información sobre cuáles son las acciones que están realizando [los municipios] pues no las encontramos, hemos hecho solicitudes para ver en qué se ha gastado el recurso, cuántas personas han sido capacitadas, patrullas especializadas en violencia, pero es información que no está ahí”, subrayó.
Un ejemplo de la opacidad municipal en lo referente a la AVG, expuso, es la forma en que se reportan los cursos y capacitaciones que se dieron en favor de erradicar la violencia hacia las mujeres, ya que “pedíamos las listas de asistencia de un taller relacionados con cercanía a medios de comunicación […] pero dichas listas no estaban de manera pública, y había que pedirlas en Transparencia, y ese es un ejemplo de varios”.
Torres-Miranda no sólo tildó la acción municipal de opaca en estas alcaldías, sino que enfatizó que “las cifras elevadas de feminicidios y casos de feminicidios y de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, nos demuestran que no han sido suficientes”.
Criticó que el gobierno de Juan Manuel Carreras López tuvo la oportunidad de “sentar un precedente” en el combate hacia la violencia contra las mujeres y no lo hizo, a pesar de que “tenía el recurso de la alerta y tenía a estas colectivas valiosísimas que vemos ahora como los grupos jóvenes de mujeres más sabias que nunca […] y en vez de acercarse siempre hay este discurso criminalizante”.
LAS DEUDAS DEL LEGISLATIVO
Arely Torres-Miranda habló también de los pendientes que ha adquirido el Congreso del Estado al respecto, en especifico en lo referente a la Nom-046, que “era una de las recomendaciones de la alerta y la rechazaron, porque creo que les pesa más su sentir privado en contra del aborto, que entender que la Nom-046 no sólo trata del aborto, sino que es una reforma que propusimos y donde hablaba de mejorar la atención de la violencia infantil y la violencia hacia las mujeres”.
La Nom-046 fue rechazada en el Congreso local el 21 de mayo del 2020 con 20 votos en contra, cuatro a favor y tres abstenciones, y con ello se echó para atrás la iniciativa promovida por la diputada Alejandra Valdés Martínez que buscaba reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal, así como otros artículos de la Ley de Salud estatal para garantizar a la mujeres el derecho a interrumpir un embarazo de manera voluntaria antes de las 12 semanas de gestación.
“Nosotros hicimos foros con los diputados y los llevamos al Congreso y tengo el recuerdo muy claro de dos foros que organizamos y no asistieron ni los asesores, entonces es un tema que no les interesa discutir, parece que no tienen claro que la Nom-046 es una obligación que justo abona a la calidad de vida de las mujeres”, señaló.
LAS DEUDAS DE VIOLENCIA DE
CARA A LAS ELECCIONES 2021
“Es muy interesante que ya estamos viendo a gente adelantada al proceso electoral […] vemos que en el imaginario las mujeres ni siquiera estamos consideradas como competencia”, lamentó.
La activista aseguró que la problemática que acompaña al proceso electoral del 2021 es el de la violencia política, situación que se ha evidenciado desde que las colectivas presentaron el mecanismo “3 de 3 Contra la Violencia”: “tú ves estas encuestas, inventadas o no, y de candidato ponen a puros hombres […] están violentando los derechos políticos”.
Acerca del decreto emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE), que busca una adecuada paridad de género en las candidaturas a gubernaturas en juego en 2021, destacó que “el PAN metió una impugnación, ¡el Senado!, antes de que se votara esto en el INE mandó una carta, en un tono muy amenazante, creo yo, a los consejeros y consejeras, cuando lo que se pide es que se respete un principio constitucional de igualdad y paridad”.
Para Arely Torres, el próximo candidato electo que ocupe el cargo de gobernador en San Luis Potosí se enfrentará a una sociedad civil más informada, realidad que podría jugarle en contra por igual a actores políticos actuales que busquen un puesto de elección popular en los comicios del 2021: “las jóvenes ahora buscan y tienen acceso a cierta información y no olvidan, y eso es importante a la hora del voto, nosotras tenemos claro, y circulaba hace unos días, tenemos claro quién en el Congreso votó contra nuestros derechos, quién en el Congreso, al asumir un cargo público que debería garantizar la defensa de los derechos, vota en contra de ellos y todavía dice que es porque es católico y muy mocho, en el caso de Vera o Cándido”.
Advirtió, también, que los grupos feministas no tolerarán simulaciones desde el Gobierno que entre en funciones el próximo año, y continuarán exigiendo un compromiso real, el cual será vigilado.
LA SUMA DEL ESFUERZO
La activista hizo hincapié en las formas en que hoy en día las mujeres organizadas salen a la calle y “dan la batalla” contra aquellos temas que les afectan desde las instituciones y el cómo han logrado triunfos sociales notorios.
“Lo sucedido antier en la Universidad Autónoma [UASLP] justo ayer me salía un recuerdo de las marchas, las paredes de la Autónoma y de cómo nos decían ‘¿qué logran con eso?’, pues ahí estuvo, se logró que el rector asumiera un compromiso público desde que asumió la Rectoría, que se esté trabajando un protocolo con la inclusión de las jóvenes, de ellas que se manifiestan, estén trabajando en un protocolo que les de la certeza de resolver la problemática”, ejemplificó.
Por último, consideró que las maneras en que las mujeres han tenido que cuidarse a ellas mismas, como “comprar un gas pimienta, ir a cursos de auto defensa, cargar un teaser”, son reflejos de que las políticas públicas en San Luis Potosí han sido fallidas en lo que refiere a garantizar una vida libre de violencia.
