Por Victoriano Martínez
Entre las cosas a las que con mayor ímpetu se oponen los servidores públicos está (¡irónico!) realizar su trabajo de cara al público.
Por eso cuando aparece una iniciativa que busca ampliar la posibilidad de que la población pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública, no sólo para conocer en qué se gasta el erario sino también cómo se toman las decisiones, el caso resulta relevante.
“Revisión de los Lineamientos para la publicidad en tiempo real de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos)”, dice el punto 6 de la orden del día de la sesión de ese organismo colegiado realizada este viernes.
La “publicidad en tiempo real” de las sesiones significa su transmisión en vivo para que cualquier persona pueda conocer de primera mano cómo se toman las decisiones en el Consejo de la CEDH.
Se creó la expectativa de una medida que representa un salto importante en materia de transparencia por parte del organismo garante de los derechos humanos, ya que hasta ahora no es capaz siquiera de publicar las actas de las sesiones en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).
Los servidores públicos de la CEDH aprovechan la ambigüedad en el encabezado del apartado correspondiente que señala en el formato que se debe publicar el “hipervínculo a los asuntos tratados y/o acuerdos tomados”, pues dan por cubierta la obligación con la publicación de las órdenes del día, y así evitan publicar las actas.
Con la transmisión de las sesiones se pasaría de la limitada información de las órdenes del día a poder observar directamente cómo se trataron los asuntos, las posturas de quienes hayan fijado puntos de vista y la forma en que se llegó a los acuerdos tomados.
Lamentablemente el resultado de lo ocurrido en la sesión del Consejo de la CEDH de este viernes sólo da para señalar lo que pudo haber pasado, porque lo que finalmente ocurrió es que postergaron la aprobación de los lineamientos para la transmisión de las sesiones en vivo para un futuro incierto por dos pretextos, antes que razones, de último momento.
Nuestra compañera María Ruiz acudió a cubrir la información que surgiría en esa sesión, especialmente por los temas de la aprobación del informe financiero anual y los lineamientos para la transmisión de las sesiones, y su llegada provocó la primera señal de lo incómodo que les resulta a los servidores públicos de la CEDH cumplir sus funciones públicas en público.
Marcela Joahna González Aguilar, encargada de Comunicación Social de la CEDH, informó a María Ruiz que no podía entrar a la reunión porque se tratarían temas de víctimas que involucraban datos personales, además de que se puso a consideración de los consejeros su presencia en la sesión y se acordó que no podía estar presente.
El colmo de la ironía: a la sesión en la que aprobarían los lineamientos para dar “publicidad en tiempo real” a las sesiones se impidió el acceso a una reportera. ¿Acaso consideran que cuando se transmitan en vivo los reporteros serán incapaces de verlas?
Consejeras y consejeros consultados señalaron que el ingreso o no de María Ruiz a la sesión no se puso a su consideración, por lo que se entiende que González Aguilar recibió la instrucción de impedir su acceso desde la presidencia del organismo. Tampoco se trataron temas relacionados con víctimas en los que se ventilarían datos personales.
Al tratar el tema sobre los lineamientos sobre la publicidad de las sesiones, los pretextos para postergar su aprobación fueron en realidad una confesión de no haber hecho la tarea completa: (1) consideraron necesario hacer valoraciones presupuestales para cubrir el costo de las transmisiones, y (2) argumentaron que es necesario incorporar reglas para los asistentes a las reuniones.
Si entre las cosas a las que con mayor ímpetu se oponen los servidores públicos está realizar su trabajo de cara al público, y así respetar y garantizar el derecho humano a la información, que la CEDH impida el acceso a la prensa a la sesión en la que se aprobaría la máxima publicidad de las sesiones, no sólo confirma esa oposición a la transparencia, también resulta patético.
