MÉXICO, D.F. (8 de Octubre 2015).- La titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez, ratificó ante el Senado que “Iguala no es un caso cerrado” que “las investigaciones continúan” y que “se han abierto otras líneas de investigación en las cuales tenemos identificados a más autores materiales”.
Anunció que el expediente del caso Iguala quedará ahora bajo la responsabilidad del subprocurador de Derechos Humanos, Eder Omar Betanzos Torres.
Detalló que hoy firmó la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.
La procuradora también anunció que se habilitará un apartado, en el portal de la PGR donde se subirá “la versión pública del expediente del caso Iguala”.
Según Gómez, “los periodistas y todas las personas interesadas pueden acceder directamente a la información que ahí está disponible”.
En su discurso inicial en la comparecencia ante el Senado, la exlegisladora abordó también el caso de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien no mencionó por su nombre, pero consideró como un hecho “que ha debilitado la confianza en las instituciones penitenciarias y de seguridad en el país”.
Hasta el momento, indicó Gómez, se han obtenido orden de aprehensión en contra de 23 servidores públicos y que se tiene bajo arraigo a 10 personas civiles, “que son quienes colaboraron en la fuga desde fuera del penal”.
La procuradora aclaró que se realiza una “investigación a fondo” con órganos de inteligencia, instancias de seguridad federales y estatales, “para entregar a los jueces a todos aquellos que de alguna u otra manera facilitaron esta evasión”.
En materia de extradición, Gómez informó que se han entregado a 50 personas del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de este año, y se concretó la detención de 18 mil 647 personas por delitos contra la salud y se aseguraron “más de 3 mil 742 millones de dosis”.
“Hemos combatido la estructura financiera de estos grupos criminales. En este periodo se consignaron 189 personas por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero”, agregó.
