Estela Ambriz Delgado
En el marco de la conmemoración por el Día de la Tierra, en San Luis Potosí destaca la falta de legislación y de políticas públicas encaminadas a la conservación del medio ambiente, lo que quedó de manifiesto en el panel “Cuidando Nuestro Hogar”, integrado por activistas, docentes, e investigadores, realizado en la Facultad de Contaduría y Administración de Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Dentro de una jornada en la que se llevaron a acabo diversas actividades en torno a la fecha, en el panel los expertos abordaron desde diversas líneas el tema del cuidado del medio ambiente, como la relevancia de la protección jurídica en el mismo, en la que Luis González Lozano, de la asociación Cambio de Ruta, señaló que la normativa estatal hace imposible esta labor y, en consecuencia, las políticas públicas no tienen un enfoque de derechos humanos y medioambientales.
Asimismo, consideró que el cuidado del medio ambiente es algo que no tiene la misma relevancia para el gobierno que para la ciudadanía, pues los partidos políticos lucran con el tema y sólo muestran interés cuando se encuentran en campaña.
De igual forma, el abogado y activista expresó que en San Luis Potosí no se atienden las necesidades de la población ni se escucha a la ciencia, además de que se ha encontrado que hay una desarmonización legislativa en materia ambiental, lo que significa que el tema está sobre regulado con una gran cantidad de normas
“Pareciera que los más interesados en que no se cuide el medio ambiente generaron un rompecabezas, un galimatías, un laberinto legal para no cumplirse la ley (…). Tenemos una normativa que hace imposible el cuidado del medio ambiente, entonces las políticas públicas no tienen un enfoque de derechos humanos medioambientales”.
Por su parte, el investigador Manuel Alejandro Lizardi Jiménez, coincidió con González Lozano en que la mayoría de los problemas ambientales se encuentran en una esfera de política a la que no se accede, el tema está sobre reglamentado, y en el núcleo de esa excesiva normativa está una aparente certeza jurídica y científica.
En este sentido, mencionó el ejemplo de la limitación que se pretendió hacer de la producción del herbicida cancerígeno glifosato, mediante un decreto presidencial en 2020. Sin embargo, la empresa Bayer, principal productora de glifosato, se amparó y un juez falló a su favor argumentando que el principio de precaución está mal aplicado, en el que el tema que ameritaría discusiones técnico científicas en la esfera política, dado el trabajo de investigación que demuestran las afectaciones que el producto causa a la salud.
Por último, indicó que ante la complejidad del problema ambiental, uno de los principales desafíos es la interdisciplinariedad, pues es necesario incorporar el conocimiento extra disciplinario a los principios jurídicos debido a que la ciencia jurídica y la técnica no alcanzan a solucionarlos.
