Por Victoriano Martínez
De las 108 semanas que está por cumplir el actual gobierno, la que termina seguramente es la que se lleva el peor balance en tres aspectos que resultan prioridad para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona: su principal promesa de campaña de vivir sin miedo, su principal prioridad de un gobierno del espectáculo y su principal anhelo de medios de comunicación al servicio de su ego.
Este viernes 20 de octubre se da la noticia del cambio en la comandancia de la Guardia Civil del Estado, de donde sale José Luis Urban Ocampo para ser sustituido por Jesús Juárez Hernández, apenas unas horas después de que se dio un ataque armado a dos elementos de esa corporación en la Delegación de Villa de Pozos, de consecuencias fatales.
Un cambio que según Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, se da bajo una lógica de “ciclos”, sin explicar en qué consiste tal cosa y, sobre todo, qué papel juega en ese tipo de raciocinio que el gobierno haga alarde de avances en materia en seguridad, pero aun así son necesarios cambios en la corporación creada por la actual administración.
La cifra de mil 488 homicidios dolosos en los primeros dos años del gobierno actual está muy lejos de ser una razón para vivir sin miedo, sobre todo si estadísticamente está muy por encima del número de casos que en el arranque de los últimos cuatro sexenios se han registrado en un periodo similar.
Durante los dos primeros años del gobierno de Fernando Silva Nieto se registraron 716 homicidios dolosos; durante igual periodo con Marcelo de los Santos Fraga, la cifra bajó a 387; con Fernando Toranzo Fernández, volvió a subir hasta 652 casos, y con Juan Manuel Carreras López la cifra de homicidios dolosos en sus primeros dos años fue de 715.
En los primeros dos años del sexenio que nació con la promesa de vivir sin miedo los casos de homicidios dolosos son más del doble del peor de los cuatro sexenios anteriores.
Una despedida al titular de la Guardia Civil (¿o bienvenida al sustituto?) con el asesinato de dos elementos de esa corporación con un panorama dos veces más violento que los cuatro sexenios anteriores no es un buen augurio para los siguientes cuatro años del sexenio en esa materia.
Hasta ahora, en el tema del gobierno del espectáculo, los incidentes que afectaron algunos de los magnos eventos pudieron salir a flote de algún modo. Entre los más representativos están las fallas en la iluminación del monumental Pino Navideño que logró contar son todas sus luces, aunque con una insignificante falla por tener la punta “un poquito chueca”.
Otro evento frustrado, en esa ocasión por un torrencial aguacero, fue el concierto de J. Balvin el 16 de agosto de 2022, suspendido por una tremenda inundación de los terrenos de la FENAPO. La cancelación logró ser resarcida con el concierto el 29 de noviembre de ese mismo año, como arranque de una prolongada feria navideña.
La falla en los espectáculos que estalló esta semana fue de proporciones mayores: se tuvo que reconocer que la magna obra de la Arena Potosí para el Congreso y Concurso Nacional de Charrería no estaría lista para ese evento y la solución, el cambio de sede al Estadio 20 de Noviembre, no corrió la misma suerte de las correcciones anteriores.
“Escaramuzas y Charros. Tu dignidad y hacer charrería valen más que todo el dinero que se va a meter la directiva de la FMCH por dejar hacer en nacional en un estadio de béisbol de SLP. No asistas a charrear al Congreso y Campeonato Nacional Charro. Sin charros ni escaramuzas no hay evento”, dice la convocatoria en redes sociales a proteger lo que consideran la dignidad de la charrería.
El plan B, que según Gallardo Cardona no existía, hoy se encuentra en vilo y con posibilidades de efectivamente dejar de existir, para ser sustituido por un plan C, que podría surgir de la propia Federación Mexicana de Charros, con una sede alterna en otra Entidad federativa.
Una semana que acumuló puntos negativos con la denuncia pública de cinco medios de comunicación y la organización Ciudadanos Observando sobre “un ataque al ejercicio de nuestra libertad de expresión, a través del “hackeo” y la desaparición de nuestras páginas oficiales en Facebook”.
Una denuncia ante la que, a pesar de ser el principal sospechoso de los ataques era el propio gobierno estatal, Gallardo Cardona hace un pronunciamiento tardío y desafortunado en el “expresamos nuestra solidaridad y ponemos a su disposición a la Policía Cibernética para que los ayude”.
¿Por qué y en qué tendría que ayudar la policía cibernética a esos medios, si lo que denuncian es haber sido víctimas de un ataque que debería ser prevenido por esa corporación y, en todo caso a toro pasado, investigado para dar con los responsables, aplicar las sanciones que procedan y tomar las medidas para evitar que se repitan esos ataques?
Señalar que “tuvimos también reportes en la cibernética de muchas páginas o de perfiles de Facebook de gente cotidiana normal que fueron bajados, muchos no sabemos si fueron por sanciones que hayan tenido por parte de la empresa y otros que hayan sido hackeados” tiene un tinte de pretender si no justificar los ataques sí desacreditarles ese carácter.
Peor aún, asegurar que sólo conoce los casos de los cinco medios que hicieron la denuncia resulta poco creíble, cuando también se dio una denuncia pública por parte del portal ContraRéplica, que cuenta entre sus socios a Héctor Serrano, dirigente estatal del Partido del Trabajo, a quien se le ubica como uno de sus asesores políticos.
Una semana en la que, por lo menos en tres de los principales temas de interés del gobierno en turno, quedó expuesta la poca consistencia de las acciones gubernamentales, incluso al grado de pretender engañar a la población y, por lo mismo, con elementos que exhiben el poco respeto que se tiene a los ciudadanos al pretender avasallarlos con burda y ofensiva propaganda.
