Antonio González Vázquez
El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2023, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que al cierre de 2022 en las siete prisiones potosinas el 91.7 por ciento del total de la población privada de la libertad se encontraba en situación de prisión preventiva oficiosa.
Únicamente 8.3 por ciento tenía prisión preventiva justificada.
Lo anterior refleja la lentitud del proceso de administración de justicia, de modo que las y los reclusos pueden esperar hasta dos años para recibir sentencia.
La media nacional de prisión preventiva oficiosa fue de 50.2 por ciento, lo que representa que San Luis Potosí superó ese promedio en 40 puntos.
La entidad cuenta con siete centros penitenciarios, de los cuales seis son estatales y uno especializado. De estos, solamente dos cuentan con alguna certificación o acreditación.
En 2022, el monto de recursos ejercido en esos reclusorios fue de 585.8 millones de pesos, en tanto que el personal adscrito fue de 71 por ciento hombres y 29 por ciento mujeres.
De acuerdo con el informe, en 2022 la capacidad instalada era de 3 mil 594 espacios y tenía una tasa de ocupación de 71 por ciento. Estuvieron privadas de la libertad 2 mil 558 personas; 95.1 por ciento, varones, y 4.9 por ciento, mujeres.
La tasa de población penitenciaria por cada 100 mil personas en el estado se ubicó en 88.
En esa anualidad ingresaron a prisiones estatales mil 469 personas, mientras que egresaron mil 455.
Durante el año pasado, las personas privadas de la libertad en el estado cometieron en total 3 mil 374 delitos; los principales fueron robo, homicidio y delitos en materia de armas de fuego.
Respecto de la presencia de niñas y niños en los centros de reclusión del estado, se reportan 12 menores que acompañan a sus madres.
En cuanto a los incidentes ocurridos, solamente se reportó uno por lesiones y ningún fallecimiento.
Por último, en el rubro de protección de derechos humanos, los siete reclusorios sumaron 75 quejas, principalmente en temas como atención médica y/o psicológica, suministro de bienes o artículos personales, reinserción social, situación jurídica, reubicación o traslado y alimentos.
