Por Victoriano Martínez
Desde hace ya algunos años, a la de la Procesión del Silencio se le aparejó otra tradición: un plantón de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SITTGE) causada por otra nefasta tradición, la de un gobierno que abusa de sus propios trabajadores y se niega a atender sus demandas.
Por segundo año consecutivo, el gobierno del Estado desaloja con el uso de la fuerza el tradicional plantón cuaresmeño del SITTGE, a diferencia de los años anteriores, cuando la desocupación de la Plaza de Armas para el paso de la Procesión del Silencio se daba por acuerdos de buena voluntad para continuar con negociaciones.
Mientras la insistente vía de presión utilizada por el SITTGE pierde efectividad, el gobierno estatal encuentra formas cada vez más exprés para deshacerse de las inconveniencias de las protestas de sus trabajadores.
En 2022, la secuencia (plantón del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno del Estado)-(cercanía de la Procesión del Silencio)-(acuerdos para levantar el plantón y no interrumpir el evento religioso) debió tardar algunos días, pero finalmente se registró en un comunicado sobre el desalojo voluntario.
El año pasado, cuando se registró el primer desalojo con el uso de la fuerza, aparentemente se cubrieron las formas –salvo la falte de presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El operativo lo encabezaron agentes del ministerio público que notificaron a los manifestantes una orden judicial para “restituir el libre tránsito peatonal”, que de no acatarse tenían autorización por parte de un juez de control para usar la fuerza pública.
Tras unos 40 minutos de discusión, los agentes optaron por el uso de la fuerza y, al pasar al desalojo involuntario, se incurrió en agresiones físicas contra los manifestantes, incluidas personas y niños.
Los desalojados entonces pedían la intervención de personal de la CEDH y señalaron que algunos de los policías que los retiraron de la plaza traían aliento alcohólico.
Para este año, de acuerdo con la versión del desalojo, no se mencionó la intervención de agentes del ministerio público, se señaló la falta de una orden judicial de desalojo, no hubo discusión y los policías acudieron con escudos antimotines para retirar a los manifestantes. El operativo fue directo al uso de la fuerza.
Los policías desgarraron con navajas los toldos del plantón, y retiraron las estructuras y las sillas que se encontraban en la plaza.
Hace un año, se reportó un intento de disuadir a los manifestantes, lo que corresponde al segundo nivel del uso de la fuerza conforme a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y también está contemplada como una primera alternativa en la Ley que Establece los Principios para el Uso de da Fuerza Pública estatal.
Hace un año mal que bien se desahogó el segundo nivel legal de uso de la fuerza y se pasó al tercero con 50 policías. La madrugada de este viernes se recurrió directamente al tercer nivel. El operativo con 300 policías con escudos antimotines y navajas es indicador que muestra que no tenían previsto agotar los pasos que marca la Ley.
Más allá poder verlo como una evolución de las tradiciones anexas a la Procesión del Silencio, el uso de la fuerza para desalojar manifestaciones legítimas deja un mal precedente que debe encender una alerta porque, si bien habrá quien celebre que se haya podido realizar el acto religioso, también es cierto que el derecho de manifestación corre el riesgo de padecer el mismo trato.
El mayor riesgo de atentar de esa manera contra el derecho de manifestación es que un gobierno capaz de acallar así los reclamos por sus incumplimientos abre una amplia puerta a la irresponsabilidad y a los abusos que comete, que son la causa original de las protestas.
En otras palabras, es una acción que le allana el camino a actitudes que tienden, en términos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), a la tiranía porque anula el supremo recurso de la rebelión.
