Por Victoriano Martínez
Las posibilidades de que legalmente los desarrolladores inmobiliarios puedan urbanizar sobre la Sierra de San Miguelito no sólo han estado cerradas desde el Plan del Centro de Población de 2003, sino que ante los embates que en últimas fechas han emprendido en pro de proyectos multimillonarios como Cañadas, han adquirido relevancia y notoriedad sobre su importancia.
Por un lado, Yvet Salazar Torres, secretaria de Ecología y Gestión Ambiental de Gobierno del Estado, no sólo señala que la legislación agraria vigente impide urbanizar en la Sierra de San Miguelito, sino que advierte que el Ayuntamiento de la capital potosina no podría estar violentando la ley.
Exagera el interés del gobierno estatal para proteger la Sierra con la referencia al decreto de Área Natural Protegida publicado en septiembre de 2018 porque, si así fuera, ya habrían dado continuidad al carácter que se le dio a esa declaratoria como primera fase y emitido declaratorias para áreas adicionales.
En su afán por avanzar en sus proyectos, los desarrolladores han promovido amparos con los que lo único que han logrado es rescatar la relevancia de medidas que, incluso, ellos mismos promovieron cuando las consideraban útiles para sus intenciones, pero ahora se les revierten.
Así, los inmobiliarios han colocado sus proyectos entre dos frentes insalvables: el avance de proyectos de ordenamiento urbano y centro de población que declaran no urbanizable la Sierra hasta que se defina el perímetro de la que será el Área Natural Protegida, o volver al Plan 2003 en el que la Sierra es considerada Área Natural de Protección Paisajística y de Recarga y Área de Protección de la Cuenca Hídrica.
En ambos casos, los proyectos inmobiliarios no caben y la sentencia presidencial de que la Sierra de San Miguelito no se toca tiene asideros legales adicionales a los de la legislación agraria que señala Salazar Torres.
Este jueves, cuando la consulta para el Programa de Desarrollo Urbano y Centro de Población tenía previstas las últimas dos horas para recibir planteamientos, a las 18:30 horas está citado nuevamente el Cabildo para dictaminar, entre otras cosas, la ampliación de la segunda consulta pública en marcha.
El proceso sigue en marcha y la posibilidad para que cada vez más pobladores de la ciudad se manifiesten a favor de proteger la Sierra como una forma de proteger la ciudad de grandes inundaciones, de que cuente con una zona de recarga del acuífero y muchos otros servicios ecológicos que presta, sigue abierta.
Pero además de apoyar la protección legal de la Sierra, experiencias como la de Minera San Xavier –que operó a pesar de que legalmente estaba impedida y de determinaciones judiciales por las que debieron pararla las autoridades–, muestran la necesidad de exigir a la autoridad que frene acciones que, en los hechos, atentan contra su integridad ecológica.
Cuando en los 90 se definieron las áreas urbanizables para Desarrollo del Pedregal, se fijaron zonas de reserva ecológica y recarga del acuífero que al final no se respetaron no sólo por los desarrolladores, sino por el propio gobierno estatal, que las invadió con parte del Centro de Convenciones.
Atrás de ese edificio continúa la destrucción de los cerros sin que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente haya tenido la más mínima intervención.
Si bien avanza la protección legal y en determinaciones oficiales a la Sierra de San Miguelito, también avanza la depredación ecológica que ya ha mostrado sus perjuicios para la ciudad, que en los últimos años la magnitud de las inundaciones va en aumento.
Los límites legales a la depredación ecológica parecen estar en vías de consolidarse. Bien harían las autoridades en comenzar a trabajar para evitar que en los hechos se provoquen daños que pudieran ser irreversibles.
