Por Victoriano Martínez
Seis días después de que los representantes de la empresa Espacios en el Horizonte, que pretende urbanizar mil 805 hectáreas del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, plantearon a los comuneros de San Juan de Guadalupe estrategias para anular esa protección, las señales de radicalización en su defensa mostraron sus primeras acciones.
El sábado 16 de noviembre, el procurador Agrario Víctor Suárez Carrera visitó cuatro puntos estratégicos de la Sierra de San Miguelito, en una acción que invirtió la tradicional relación de un funcionario de ese nivel con ejidatarios y comuneros para quienes resultaba inaccesible tener audiencias o entrevistarse con los titulares de las instancias de su sector.
“Hoy está, por primera vez, el procurador con nosotros”, expresó la comunera Margarita Huerta Pérez, hija de Raymundo Huerta quien, por defender la tierra, vivió sus últimos años preso sin poder plantear sus demandas a quienes encabezaban las autoridades agrarias en su momento.
La expresión de Huerta Pérez se dio en la presa de la Cañada del Lobo, que fue el segundo punto del recorrido que realizó Suárez Carrera por la Sierra de San Miguelito.
La primera parada del recorrido fue en la Vía Alterna, que se expuso como el corazón de la depredación ambiental por ser una obra de la que podrían derivarse en su entorno desarrollos inmobiliarios, industriales y comerciales, además de ser un punto de intersección para conectar con la zona ya depredada de la Garita de Jalisco y el proyecto Las Cañadas.
Explicaron la forma en que la Vía Alterna es una muestra de la alianza del actual gobierno estatal con los grupos empresariales que encabezan los intentos de depredación de la Sierra de San Miguelito, agrupados dentro del Consejo Consultivo Potosí, convocado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Previo a la gira del procurador Agrario se realizó una reunión el día anterior en la que se expuso de manera detallada la situación del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito, la forma en que mantienen operaciones los grupos de poder fáctico y el papel de colaboración que han adoptado el gobierno estatal y los municipales.
En la reunión, descendientes de los ejidatarios de La Garita de Jalisco expusieron la forma en que los empresarios se apropiaron de sus tierras de manera irregular para urbanizar, a partir de 1992, esa parte de la Sierra de San Miguelito.
Con una exposición de planos descriptivos de los desarrollos inmobiliarios, se le explicó a procurador Agrario la tendencia de la expansión inmobiliaria desde los años 90 y la forma en que hoy pretenden conectar con el proyecto depredador de Las Cañadas.
Se acordó con Suárez Carreras abrir una investigación profunda sobre la situación de la tenencia de la tierra y de las ganancias que se dieron con la urbanización, ya irreversible, para que sirva como marco referencial de lo que no se puede repetir ni hacer en la Sierra de San Miguelito.
Advirtieron del riesgo que representa que en los programas de desarrollo urbano aprobados durante la administración encabezada por Xavier Nava Palacios se hayan declarado 527 hectáreas como urbanizables dentro de las mil 805 hectáreas que los empresarios inmobiliarios pretendieron excluir del Área Natural Protegida.
El tercer punto de la visita de Suárez Carreras fue el Ejido El Mezquital, en Villa de Arriaga, con participación de representante de los ejidos Francisco I. Madero, San Luis Gonzaga, Puerto Espino y Las Cruces, donde se expuso la forma irregular como empresarios han comprado derechos sobre la tierra.
El procurador agrario explicó a los ejidatarios que se abrirán investigaciones sobre esos procesos y, en caso de encontrar irregularidades, la dependencia a su cargo tendrá que presentar las denuncias que procedan.
Además, se estableció la necesidad de crear un gran eje en torno a la Sierra de San Miguelito con programas gubernamentales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la gente.
El cuarto punto de la gira fue en la comunidad de Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz, que son consideradas como prototipo de lucha en la defensa del territorio, tanto con litigios en la defensa de sus derechos contra grupos de empresarios y hasta de la Iglesia, como con acciones de protección y vigilancia para evitar daños ecológicos en sus tierras.
Los Guardianes de la Sierra y un grupo de investigadores de El Colegio de San Luis, quienes participaron en el recorrido, expusieron aspectos adicionales sobre la importancia de la Sierra de San Miguelito, así como otras amenazas a territorios ejidales y comunales en otros puntos del territorio potosino.
Francisco Peña, investigador de El Colegio de San Luis, expuso que la Sierra de San Miguelito se puede considerar un laboratorio de “interculturalidad y un reservorio de agua fundamental, tanto para la ciudad como para la cuenca del río Santa María”, que se pueden convertir en “espacios de producción de naturaleza que contribuyan a la estabilidad climática, económica y alimentaria”.
También se comentó la situación de la Presa de El Realito, el fraude que representó, pero especialmente la situación que se dio en torno al acaparamiento de derechos de agua por parte de grupos empresariales que ahora los explotan económicamente.
En el caso del Ejido La Pila, se estableció la necesidad de revisar el manejo de los derechos ejidales, así como una revisión del trazo que se dio al libramiento que pretende cruzar su territorio con afectación sobre más de 30.26 hectáreas.
Se planteó además la situación sobre el acoso de empresarios que han comenzado a comprar derechos agrarios en el Ejido Núñez, en Guadalcázar, donde existe una declaratoria de Área Natural Protegida de carácter estatal.
La Procuraduría Agraria entrará, tras esta visita, en un proceso de revisión y de investigación de las irregularidades en que se ha incurrido en todos los casos por el acoso empresarial contra el territorio, como una primera medida para contrarrestar la depredación inmobiliaria como medida de protección, y en el caso de la Sierra de San Miguelito reforzar su defensa.
“Es necesario elevar su estatus a seguridad nacional para blindarla ante los intereses que buscan derogar una de las decisiones ambientales más trascendentales del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y una de las encomiendas prioritarias de nuestra actual presidenta”, expuso Carlos Covarrubias, activista de los Guardianes de la Sierra.
La idea fue retomada en un comunicado de la Procuraduría Agraria, lo que representa un avance en la petición que desde hace más de dos años iniciaron los defensores de la Sierra de San Miguelito.
A una semana de la reunión en la que los empresarios expusieron a los comuneros de San Juan de Guadalupe estrategias para echar abajo la declaratoria de Área Natural Protegida, el gobierno federal ha dado una primera señal que perfila una estrategia de defensa que, como han señalado los Guardianes de la Sierra, comienza a radicalizarse.
