Por Victoriano Martínez
La renuncia de Jorge Vega Arroyo a la CEEAV pudo ser una buena noticia para un sinnúmero de personas que integran el registro de quienes han sido dañadas en sus derechos humanos que ven en él una fuente de re victimización, de no ser por la versión de que lo hace para incorporarse al equipo de Ricardo Gallardo Cardona.
En consecuencia, para las víctimas que han tenido que litigar contra la CEEAV de Vega Arroyo, la resolución que emita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) en torno a la anulación o no de la elección de gobernador representa la diferencia entre seguir el suplicio en su búsqueda de justicia o que se abra la esperanza de un cambio en la atención que reciben.
“El comisionado presidente (Vega Arroyo) prefiere litigar las resoluciones en tribunales que enfrentar el pago de la reparación del daño, a mí me lo dijo, (si pago) siento precedente y después le tengo que pagar lo mismo a las demás víctimas”, relató en 2018 José de Jesús Ortiz Cerda, quien fue destituido de manera injustificada desde 2003 como custodio del Consejo Tutelar para Menores.
Los litigios van desde casos por el reconocimiento como víctimas hasta los que tienen que ver con el cumplimiento de recomendaciones de las comisiones Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La lista de afectados es larga y una muestra se dio en agosto de 2019, cuando un pequeño grupo encabezado por María de Jesús Armendárez Prieto, Mary Chuy, realizó un plantón frente a las oficinas de la CEEAV que, en 40 días, exhibió el trato injusto a las víctimas por parte de las autoridades y del propio organismo que debe garantizar su atención.
Entre los casos expuestos en aquel plantón se encuentran los de una menor que fue violada en un colegio de Rioverde, la falta de aclaración del homicidio de Alan, hijo de Silvia Castillo Hernández, y el de la propia Mary Chuy, quien este año logró una recomendación de la CNDH, la 29/2021, a las autoridades estatales por haber incurrido en violencia institucional.
La recomendación fue dirigida a Giovanna Itzel Argüelles Morena, presidenta de la CEDH y al gobernador Juan Manuel Carreras López, por violaciones a los Derechos Humanos, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, así como por falta de debida diligencia y omisiones en agravio de Mary Chuy, víctima de abuso y acoso sexual.
El Caso Jair, un joven asesinado en Laguna de San Vicente, en Villa de Reyes, es hasta ahora el que más resoluciones de amparos ha tenido, entre los que destaca que prácticamente la defensa de los familiares de Jair, a golpe de amparos, le dictaron a la CEEAV las medidas que debe hacer para la reparación integral del daño.
A pesar de resoluciones y algunos avances en la reparación del daño en el Caso Jair, siguen pendientes la garantía de no repetición ante diversos actos violentos que se han presentado en esa comunidad por falta de vigilancia de seguridad pública y el ofrecimiento de una disculpa pública a los familiares en los términos en que éstos decidan.
Si se tuviera que señalar a un solo responsable de la desatención a los familiares de Jair, tendría que ser necesariamente a Vega Arroyo.
El Caso Jair junto con el caso de Noria de San José han sido los que con mayor claridad han exhibido la confabulación entre las instancias gubernamentales de atención a víctimas con los victimarios, según ha quedado acreditado en recomendaciones de la CEDH.
Para las víctimas de Noria de San José, la mala noticia sobre la renuncia e incorporación de la gallardía de Vega Arroyo tiene un ingrediente adicional de riesgo, en caso de ser validada la elección por el TRIFE: Gallardo Cardona presumió en su página de Facebook una alianza con American Industries, la empresa que los despojó, para un megaproyecto en su eventual gobierno.
Para innumerables víctimas, la salida de Vega Arroyo de la CEEAV era una noticia deseada, pero no en los términos en los que se da, porque se convierte en una amenaza de que las cosas empeoren para su búsqueda de que se les haga justicia.
