Por Victoriano Martínez
El caso de la renuncia de Edna Yuridia del Carmen Medina Flores como alcaldesa sustituta de Santa María del Río, al margen de sus particularidades, tiene como telón de fondo un aspecto que no puede pasar inadvertido: la sombra de la violencia.
“Ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona”, escribió en un mensaje que difundió a través de su cuenta personal de Facebook. “Cuando la vida de uno está en peligro y la de su familia todos tomarían está decisión”, agregó.
Que ante la existencia de amenazas de muerte se haya sentido tan desprotegida e insegura, al grado de tomar la decisión de abandonar por completo su participación en la administración pública, ya que su renuncia incluye no regresar a su posición como regidora, abre dudas sobre la forma en que un alcalde o alcaldesa puede gestionar ese tipo de presiones hacia su gestión.
¿Reportó la situación que enfrentaba, con todos sus detalles incluida la obra de una gasera y una gasolinera presuntamente plagada de corrupción, a las autoridades estatales y hasta federales para contar con algún tipo de protección? Si lo hizo, la respuesta quizá no le dio la confianza suficiente para continuar en el cargo.
Si no lo hizo, entonces podría tratarse de una falla en la coordinación entre los tres niveles de gobierno por falta de información o protocolos para que los alcaldes puedan reaccionar a situaciones que amenacen su integridad y la de sus familias, sobre todo porque en los últimos 22 años, los funcionarios municipales en el país han vivido bajo asedio con desenlaces fatales.
La consultoría en riesgos políticos Etellekt presentó hace seis meses un reporte sobre asesinatos de funcionarios municipales durante el presente siglo, con corte al 27 de junio de 2022, en el que se contabilizaron 226 servidores públicos asesinados en 22 años: 94 alcaldes, 100 regidores y 32 síndicos.
Un panorama de inseguridad para los Ayuntamientos del país del que el Estado de San Luis Potosí y sus 58 municipios no son ajenos, dado que en sólo doce estados no se han registrado homicidios de ediles, y entre ellos no se encuentra la entidad potosina.
San Luis Potosí no está entre los estados con mayor riesgo, pero sí con riesgo medio, así que amenazas como las hoy denunciadas por Medina Flores no pueden pasar inadvertidas, y deben tomarse en serio.
Tanto deben tomarse que un dato adicional mencionado por la consultora tendría que ser motivo de alarma: en los últimos 22 años han sido asesinados 185 exalcaldes.
Tres casos ponen en evidencia que el riesgo ante amenazas, sean del origen que sean, es real:
El 8 de septiembre de 2010, Alexander López García, en ese momento alcalde de El Naranjo, fue asesinado a balazos por un grupo de cuatro individuos que llegaron hasta su oficina.
El 12 de agosto de 2012, Edgar Morales Pérez, alcalde electo de Matehuala, fue asesinado a tiros junto con su jefe de campaña Juan Francisco Hernández Colunga, mientras conducía de regreso a su casa.
El 22 de octubre de 2022, Crispín Ordaz Trujillo, ex alcalde de Ébano, fue asesinado en un restaurante de ese municipio por un sujeto que le disparó en la cabeza.
El asesinato del alcalde de El Naranjo muestra que la situación de inseguridad que enfrentan las autoridades municipales se vive en el Estado desde los últimos cinco trienios.
Los alcaldes de las administraciones 2018-2021, especialmente los 20 de la zona huasteca, presentaron al Congreso de la Unión una solicitud para presentar la situación de asedio y amenazas que enfrentaban por parte del crimen organizado par buscar medidas de protección, pero nunca se concretó una reunión con los legisladores.
La ahora ex alcaldesa de Santa María del Río seguramente no es la única que ha recibido amenazas. Que opte por renunciar y denunciar las amenazas antes que ceder a los objetivos de la coacción que padeció es una determinación loable que no deja de ser peligrosa.
Pero también es un acto que genera la suspicacia suficiente para preguntarse: Si resulta evidente que la mayoría de los alcaldes enfrentan presiones, muchas de ellas con amenazas incluidas, ¿cuántas de sus determinaciones son condicionadas por ese tipo de prácticas y de qué manera afectan el interés público?
El caso de la renuncia de Medina Flores como alcaldesa exhibe una vertiente de los necesarios ejercicios de transparencia en la administración pública, de manera que contribuyan a salvaguardar el interés general sobre los intereses de grupo de cualquier tipo.
