Alejandro Rubín de Celis
Aunque se trata de un hombre formado a la vieja usanza priista de siempre obedecer al jerarca político ─en este caso el gobernador del estado─, la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, ─mejor conocida como Fiscalía Anticorrupción─ es un revés para la sociedad potosina y sus expectativas por una efectiva procuración de justicia. Ahora hay un altísimo riesgo de que se nombre un fiscal carnal; Vera se había resistido a serlo.
El exfiscal había dado curso, aunque de manera muy lenta, a varias carpetas de investigación sobre casos de alto impacto, y hasta consiguió judicializar algunos de ellos. Logró que se vinculara a proceso a un exdiputado del PAN, Mariano N., y una legisladora del PRD, Dulcelina N.; que se abriera proceso penal contra siete exfuncionarios de la Auditoría Superior del Estado por la llamada Fiesta Fantasma y que se girara orden de aprehensión contra seis exregidores del municipio de Ébano. También solicitó a un juez de control la vinculación a proceso de otro exdiputado, José Luis N. pero el asunto está congelado en el juzgado.
El exfuncionario trabajaba contra corriente. No contó con recursos suficientes el año pasado para dar mayor celeridad a las indagatorias y capacitar a sus colaboradores, fue recluido en un rincón del edificio de la Fiscalía General con un escritorio y una silla, pero, sobre todo, fue bloqueado en asuntos tan delicados como las denuncias contra el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez y los exdiputados involucrados en la Ecuación Corrupta.
Fuentes de alto nivel en el gobierno del Estado han revelado que en las indagatorias contra Gallardo, simplemente le dijeron a Vera Noyola que si pretendía llegar a fondo y buscar su vinculación a proceso se quedaría solo, tal como sucedió. De acuerdo a esas fuentes la advertencia vino directamente del gobernador Juan Manuel Carreras y del fiscal general, Federico Garza Herrera, el verdadero fiscal carnal.
El gobernador y el fiscal general seguramente pensaron que el exdiputado local no llegaría tan lejos porque conocía las reglas no escritas cuando se trata de dar impunidad a ciertos personajes del poder, pero todo indica que las cosas se salieron de control.
Ahora viene el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción, ¿a quién estarán buscando Juan Manuel Carreras y Federico Garza para ocupar el cargo? Por supuesto a alguien que no los meta en problemas como lo hizo el joven abogado. Un fiscal a modo que surja de las tres propuestas del gobernador pero que previamente se comprometa a detener los casos que por razones políticas se tengan que guardar en un cajón, al menos mientras concluye el gobierno en turno.
Pero la sociedad no quiere más otro fiscal carnal, exige un servidor público autónomo con el perfil técnico y la suficiente independencia y fortaleza moral para actuar conforme a derecho y no permitir que se le impongan decisiones políticas para dar impunidad a quien conviene al gobernador, al fiscal general y a otros personajes de la clase política.
En ese sentido, es pertinente la propuesta de la fracción panista del Congreso del Estado de que se reforme la Constitución local para que la Fiscalía Anticorrupción cuente con absoluta independencia económica y de decisión y que el gobernador espere a esta modificación antes de enviar la terna de la cual el pleno elegirá al nuevo fiscal, a efecto de que escuche propuestas y opiniones de las asociaciones de abogados, catedráticos y otros actores directamente relacionados con el perfil que se requiere en un puesto de tan delicada responsabilidad.
Pero el gobernador, que con su timing y su inacción ha dado cuenta de su nula intención para que exista un combate frontal a la corrupción ─otro caso es el que ha operado a través del contralor estatal Gabriel Rosillo, y el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal para que no funcionen debidamente el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción─ seguramente apresurará la integración de su terna a modo para enviarla antes de que esa reforma constitucional pudiera aprobarse por el pleno legislativo y entrar en vigor.
No hay duda de que la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola obedece al bloqueo para integrar ciertas carpetas de investigación comprometedoras y a la falta de recursos materiales, económicos y humanos para desempeñar con responsabilidad e independencia su función como fiscal anticorrupción, pero también es cierto, como lo señala en su escrito de renuncia, que es “por así convenir a sus intereses”.
Y es que el exdiputado se dio cuenta de que su imagen se vería deteriorada conforme pasara más tiempo y nada se supiera del caso del exalcalde Ricardo Gallardo Juárez y los exdiputados de la Ecuación Corrupta, pues en 20 meses será diputado plurinominal y prefirió renunciar antes que llegar al Congreso con el estigma de fiscal carnal.
Desde hace 15 años, él y su padre, Oscar Vera Fabregat, se alternan la diputación que cada tres años le ha tocado al Partido Conciencia Popular ─al que llaman coloquialmente Conciencia Familiar─, y después de la reelección de su progenitor, en septiembre de 2021 le pasará nuevamente la estafeta a su hijo.
Alejandro Vera Noyola le debe una amplia y detallada explicación a la sociedad. No se vale que haya recurrido a la desgastada y opaca forma de renunciar “por razones estrictamente personales” con la que los políticos evaden su responsabilidad de hablar de frente a la sociedad sobre los verdaderos motivos que los llevan a dimitir.
Más allá de las presiones que ya se conocen públicamente, la sociedad tiene derecho a saber con detalle todas las peripecias, las trabas y el abandono que padeció el fiscal que quiso combatir la corrupción y no pudo por el aplastante poder de un gobernador y de un fiscal que nunca han tenido la voluntad de combatir genuinamente la impunidad en San Luis Potosí.
