Por Victoriano Martínez
La de las víctimas siempre ha sido una situación adversa por la nula atención que reciben por parte de las instituciones encargadas de atenderlas sin importar el color partidista del gobierno en turno, y el actual no ha sido la excepción, con una agravante: alardea apoyos que ni siquiera cumplen los mínimos necesarios y, peor, la mayor parte de la inversión la aporta la Federación.
Cuando el 31 de julio de 2020 se inició la construcción del Centro Estatal de Identificación Forense y de Búsqueda (CEIFB), se presentó como “un ejemplo por la coordinación que existe entre las autoridades y los familiares de las víctimas, lo que demuestra la voluntad política de hacer valer el derecho de las personas a ser buscadas y de procurar justicia”.
Cuando hace un año, el 28 de abril de 2022, se inauguró el CEIFB, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, afirmó que inició “un nuevo proceso en todo el país para garantizar el derecho de toda persona a ser buscada e identificada”.
Bastaron 71 días para que los familiares de las víctimas de desaparición manifestaran públicamente su inconformidad por la falta de equipamiento del CEIFB y la poca atención y apoyo que, del gobierno actual, reflejada en escaso apoyo económico a las actividades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) y nombrar directivos sin considerar que cubran con el perfil requerido.
La inoperancia del CEIFB fue plenamente documentada por el programa Loret en Latinus, con Carlos Loret de Mola, en el que exhibieron que el CEIFB no cuenta con estructura orgánica, ocultaron el número de cuerpos identificados porque no llevaban ni uno, el reconocimiento de que no contaban con infraestructura para cumplir su función y que el laboratorio apenas estaba en integración.
A 60 días de esa denuncia pública, el gobierno estatal promociona como una gran acción de su parte la dotación equipo de alta tecnología para tareas de búsqueda al CEIFB, apenas dos días antes de que se cumpla un año de la inauguración de ese Centro. Es decir, se inauguró hace un año y hoy apenas comenzará a operar con lo mínimo.
El colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros denunció en su cuenta de Facebook que lo que se dotó al CEIFB es lo mínimo necesario, además de que el equipamiento se realizó con recursos federales y el gobierno estatal sólo aportó el 15 por ciento.
“Sería más efectivo si el estado aportara otros 20 millones y no se contara con personal de búsqueda temporal sin base, sin prestaciones e incluso, en ocasiones, sin sueldo debido a retrasos en los pagos federales”.
“No se trata de una ‘herencia maldita’; los problemas relacionados con los recursos y el presupuesto para su ejecución en tiempo y forma son responsabilidad de la actual administración, que no ha sido transparente en cuanto a los recursos ni a sus proveedores”, expuso Voz y Dignidad Por los Nuestros.
La aclaración por parte del colectivo que reúne a familiares de desaparecidos en todo el Estado se dio como desmentido a las gacetillas que por la propaganda gubernamental se hicieron publicar en las que se aseguró que esa agrupación participó en el evento cuando para ellos no es más que mera simulación.
Si algo han visto las víctimas es cómo la autoridad las utiliza para darse hipócritas baños de humanitarios actos de justicia que no son más que nuevos agravios que las revictimizan. Una dinámica en la que los gobernantes se han enviciado por su adicción al aplauso fácil y las víctimas se ven obligadas a levantar la voz para no ser instrumento de egos gubernamentales enfermizos.
