Por Victoriano Martínez
Si algo se requiere de los servidores públicos para lograr que la transparencia gubernamental sea una realidad es voluntad. Si algo exhibe la actitud de Leonel Serrato Sánchez como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante sus obligaciones de transparencia, es una total carencia de voluntad… con argumentos rebuscados para incumplir la Ley.
“…se dio AVISO y no una solicitud, de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, causó baja del Sistema Nacional de Transparencia…”, afirma Serrato Sánchez en el oficio SCT/010/2023, recibido el 10 de enero de 2023 en la Oficialía de Partes de la CEGAIP.
La expresión hace referencia a lo que informó a la CEGAIP en el oficio SCT/210/2022, del 17 de agosto del año pasado. Una baja por decisión propia y unilateral con el argumento más insostenible que pudo encontrar:
“El Sujeto Obligado que representamos, carece de infraestructura suficiente, elementos técnicos, tecnologías, capacitación, recursos humanos, patrimonio y sistemas de cómputo necesarios para atender las diversas solicitudes de información pública”.
Más adelante insistió, “en esa tesitura”, que “ante la falta de infraestructura tecnológica necesaria como equipos de cómputo, acceso a internet y programas informáticos oportunos, o dispositivos móviles”, le envía a la CEGAIP en un CD la información que debe difundirse de oficio para que los auxilie en subir los archivos a las plataformas nacional y estatal de Transparencia.
De entrada, resulta inverosímil que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cuente con equipos de cómputo ni tenga acceso a internet. Sólo basta con visitar su portal Web para confirmar que trabaja con equipos de cómputo.
Sería ridículo que el secretario contara con equipo para realizar transmisiones vía Facebook con los resultados ya conocidos por escandalosos, y no fuera para que la dependencia cuente con los insumos necesarios para cumplir con la Ley de Transparencia y facilitar el derecho de acceso a la información pública.
Negar que cuenta con los “programas informáticos oportunos” para realizar la difusión de oficio de información pública a la que los obliga la Ley es una exageración más.
Los Lineamientos para la Implementación y Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia señalan como requerimientos materiales “equipo de cómputo, impresora, acceso a Internet y los programas informáticos que se requieran”, que no son distintos a los que usó la SCT para redactar y compendiar en un CD la información que anexó a los oficios para avisar de su baja a la CEGAIP.
Si pudieron grabar en un CD la información que deben publicar de oficio con la misma “infraestructura tecnológica necesaria como equipos de cómputo, acceso a internet y programas informáticos oportunos” con que lo hicieron y aseguran que no cuentan también pudieron subirlo a la Plataforma Estatal de Transparencia. La falta de voluntad resulta evidente.
Si la SCT exhibe falta de voluntad para transparentar la información que le ordena difundir de oficio la Ley, la CEGAIP no que queda atrás.
Entre agosto y octubre del año pasado, la SCT le envió tres oficios (SCT/2010/2022, SCT/313/2022 y SCT/INF/062/2022) para insistir en su baja, y fue hasta la Sesión Extraordinaria del 12 de octubre de 2022 cuando el pleno de la CEGAIP acordó darle una respuesta que, por ser anexo del acta de la sesión, no la ha hecho pública. Detalles de la escasa convicción de transparencia de los comisionados.
Tan poca información publica la CEGAIP sobre su actuación para garantizar el derecho de acceso a la información, que no publica sus resoluciones sobre las denuncias por incumplimientos en las obligaciones de transparencia, lo que hace necesario rastrearlas en cada una de las actas de sus sesiones.
En una revisión de las 19 actas de sesiones ordinarias y extraordinarias disponibles (la del 6 de octubre no funciona no abre), se detectó un informe de la Unidad de Atención a Denuncias en la sesión del 7 de noviembre, en la que reporta tres denuncias por incumplimiento en contra de la SCT que se declararon fundadas, pero sin ninguna acción para hacer cumplir a la dependencia.
Una combinación perfecta para la opacidad: un sujeto obligado renuente a cumplir con sus obligaciones de transparencia y un organismo garante que se limita a simular como que garantiza el derecho de acceso a la información, pero en los hechos tolera el ocultamiento.
Un mal ejemplo que se vuelve un riesgo de que otros sujetos obligados tomen la misma ruta y se agudice la forma en que ha aumentado en el actual sexenio la de por sí siempre operante opacidad… con la complicidad de la CEGAIP.
