Por Victoriano Martínez
Cuando un gobierno privilegia la apariencia, termina por actuar a partir de lo superfluo y no sólo pasa a esconder lo importante, sino gravemente a manipularlo, falsearlo y hasta anularlo. Si en los últimos sexenios las autoridades se han caracterizado por la simulación, en los casi cinco meses que lleva el actual, tal actitud –por burda– llega al colmo del cinismo.
En menos de cinco meses, Ricardo Gallardo Cardona arrancó una segunda ola de despidos injustificados de burócratas sindicalizados en una maniobra que se pretende hacer pasar por una reingeniería, pero que resulta obvia la intención de desplazar a unos y poner a otros para cumplir compromisos en perjuicio del servicio público, porque los recién llegados ignoran las funciones.
Si efectivamente se pusiera atención a lo importante y fuera un auténtico proceso de reingeniería, previo a comenzar los despidos, el gobierno estatal habría elaborado y exhibido un diagnóstico detallado sobre el desempeño de sus trabajadores.
Más aún, en ese análisis podrían haber detectado y documentado las deficiencias e incumplimientos de gran parte de los burócratas, de tal manera que las representaciones sindicales no sólo se quedarían sin vías de defensa, sino que tendrían que haber apoyado una depuración de malos empleados. Malos trabajadores también afectan a la representación sindical.
Es prácticamente lugar común, desde una comparación salarial entre el sector privado y el sector público, considerar los sueldos de los burócratas altos y hasta desproporcionados. La defensa tradicional de la burocracia es criticar los bajos salarios que paga la iniciativa privada y una falta de solidaridad con la clase trabajadora.
Un debate que nada tendría que ver con la falsa reingeniería que da pie a los despidos injustificados, de no ser porque en el diagnóstico un punto a considerar necesariamente habría sido una evaluación sobre la medida en que los resultados justifican los salarios, especialmente en los casos en que malos burócratas recurren a maniobras para cobrar horas extras o viáticos sin justificación.
Tan burda es la simulación de la reestructuración de personal, que la forma ilegal de proceder (violan el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo y los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado) deja sembrado un conflicto de proporciones económicas inconmensurables para cuando toda esa ilegalidad repercuta en laudos laborales.
Tan alejados están los objetivos de una mejora en la administración pública que, igual que en la primera ola de despidos, se ataca a las dirigencias sindicales antes que tratar de encontrar acuerdos con un ingrediente adicional: intentar sembrar cizaña para poner a los trabajadores en contra de sus dirigentes.
El bloqueo de la tarde del jueves en el Periférico y la reacción que exhibió la solidaridad e identidad gremial con que este viernes impidieron la notificación de despidos en otras áreas son un indicador de que esta segunda ola, con su intento de “destruir” a los sindicatos según advirtió Bernardina Lara Argüelles, sólo provocará una prolongación del conflicto que ya casi alcanza los cinco meses.
Tan se deja de lado lo importante, que no se toma en cuenta la razón de ser de la administración pública para mejorar su desempeño y simplemente se atiende a intereses de facción, con tintes gavilleros de un reparto de botín para su propia pandilla, sin importar que dañen el servicio público y pasen por encima de la legalidad y los derechos laborales adquiridos.
Una simulación que ni siquiera intenta actuar dentro de un margen mínimo de legalidad que deriva en un burdo intento de aparentar una reingeniería al grado del cinismo.
Y si de aparentar se trata, nada como recurrir a los desacreditados ejercicios demoscópicos, tomados de manera grosera como instrumentos de propaganda para promover su imagen como lo ha hecho Gallardo Cardona, a pesar de que ese uso las descalifica de por sí.
Según la encuestadora Mitofsky, Gallardo Cardona pasó de ser el gobernador peor evaluado en octubre a ocupar el lugar 23. En octubre alcanzó una aprobación del 32.8; en noviembre, 35.3; en diciembre, 43.6; y en enero, 46.5.
“Ellos están tratando de buscar su lana, y es correcto y se vale, el gobierno pasado les daba dinero y yo todavía no pienso darles”, dijo el 11 de noviembre (minuto 0:28), cuando Mitofsky lo colocó en último lugar. La pregunta se impone: ¿Cuánto le ha costado al erario su ascendente aprobación con esa encuestadora?
Peor aún. En su página de Facebook publicó el resultado de una encuesta difundida por Grupo Impacto en la que aparece como el gobernador mejor evaluado del país. No sólo la publicó en su muro, sino que pagó publicidad para que tuviera un mayor alcance.
Parece que más de una encuestadora, de esas que “están tratando de buscar su lana”, ya la encontraron en las arcas del gobierno potosino administradas por Gallardo Cardona, en un “potosí para las encuestadoras”.
Si se trata, pues, de un gobierno para privilegiar los intereses de grupo y tratar de esconderlos tras una imagen cargada de apariencias, más pronto que tarde como nunca la administración pública estatal presentará tal fragilidad, que absolutamente toda la población resultará afectada.
